La fiscalía no ve delito de Zaplana en el contrato de Julio Iglesias
La fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto que se remita a un juzgado de instrucción de Valencia la querella presentada por el PSOE contra el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, el cantante Julio Iglesias y responsables del Instituto Valenciano de Exportación, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad y contra la Hacienda pública, relacionados con supuestas irregularidades en la contratación del artista en 1997 para promocionar la Comunidad Valenciana. Según la fiscalía, "de la documentación aportada a los autos no se desprende la intervención directa del señor Zaplana Hernández Soro en los contratos suscritos con el señor Iglesias de la Cueva", motivo por el cual se pide el envío de las actuaciones a un juzgado de Valencia "para el esclarecimiento de los hechos denunciados". La decisión final sobre la querella queda ahora en manos de la Sala Segunda del Supremo, al ser Zaplana diputado nacional.
La querella de los socialistas valencianos sostiene que el contrato oficial del Gobierno autónomo presidido por Zaplana con Iglesias estipulaba honorarios de 375 millones de pesetas por actos promocionales, pero que el cantante acabó recibiendo 990 millones mediante un anexo oculto, y fue "exonerado de pagar impuestos".
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