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Moratinos admite dificultades en torno a la Constitución europea

España no se opondrá a que se mencionen los valores cristianos

El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se mostró ayer "moderadamente optimista" acerca de la posibilidad de que la Constitución europea sea aprobada en Bruselas los próximos días 16 y 17 de junio, aunque admitió que hay problemas serios y que los días que quedan de negociación van a ser difíciles. Pero "los europeos no entenderían un nuevo fracaso", dijo, sobre este texto cuya necesidad es "urgente".

Moratinos hizo estas valoraciones en una comparecencia, previa al Consejo de Bruselas, ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. La sesión tenía algo de novedad en sí misma, ya que en los últimos tiempos del Gobierno de José María Aznar solía ser atendida por el secretario de Estado del ramo.

El ministro resumió las posiciones que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defenderá la semana próximo, en su primera cumbre con los Veinticinco. En primer lugar, España espera recuperar "los que sean posibles" de los 14 eurodiputados que Aznar perdió en el Consejo Europeo de Niza a cambio de quedarse con sólo dos votos menos que Alemania o Francia en el Consejo de la UE. Este objetivo, que el secretario de Estado, Alberto Navarro, cifró en una entrevista en "cuatro o seis" diputados, tendrá un coste, advirtió Moratinos, que pidió al PP que lo tenga en cuenta al valorar el resultado final "globalmente".

España apoya, en cambio, la propuesta de la Convención de que cada país siga teniendo un comisario hasta el año 2014, del mismo modo que asume que, si a partir de esa fecha los comisarios son rotatorios, pasará periodos sin uno propio.

Por lo que se refiere al sistema de votación, Moratinos confirmó el propósito de elevar hasta el "50% más uno" el número de Estados necesarios para aprobar una decisión e, indirectamente, la necesidad de que esos Estados representen el 66,66% de la población comunitaria, ya que dijo que España defiende la idea de que "no se deben tomar decisiones contra el parecer de un tercio de los ciudadanos, es decir, contra 160 millones de europeos". Reiteró, además, dos propuestas adicionales para evitar que el bloqueo resulte excesivamente fácil: deberá ser realizado al menos por cuatro Estados, si es por vía de la población, y, si fuera por mayoría, no se tendrán en cuenta las abstenciones.

Entre otras contribuciones que destacó el ministro figuran la introducción de una condena de la violencia contra la mujer y la posibilidad de traducir la Constitución a las lenguas cooficiales españolas. Sin embargo, consideró esto último insuficiente y prometió intentar ampliarlo en el futuro para que gallegos, vascos o catalanes puedan dirigirse en su lengua a las instituciones comunitarias.

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Tras declararse "católico y practicante", afirmó, además, que España está satisfecha con el texto actual, que no recoge ninguna mención de la importancia para Europa de los valores del cristianismo, pero tampoco tiene inconveniente en que se incluya si hay consenso.

Roberto Solavilla, portavoz del PP, expresó el "desaliento" de su partido por la "política reaccionaria" del Gobierno, que, según él, sólo actúa por reacción a lo que Aznar hizo. No obstante, ofreció apoyo y reconstrucción del consenso "si vuelven ustedes a la cordura". "En 15 días", apostilló, "han dilapidado todo lo que teníamos".

El ministro agradeció la oferta y, en respuesta a una insistente pregunta del senador del PNV Iñaki Anasagasti, aseguró que el Gobierno "no trata" de favorecer a Marruecos en el conflicto del Sáhara, que mantiene "firme" el compromiso con el Frente Polisario y que lo único nuevo es que "quiere que haya una solución".

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