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TRES MESES DESPUÉS DEL 11-M | Las víctimas

558 inmigrantes ya tienen tarjeta de residencia

"Estaba asustado porque no tenía papeles y no habla el idioma", un compañero de Ciagur Romanel hace de intérprete. Repite las preguntas en rumano, y trae las respuestas de vuelta. Con una costilla afectada por la explosión de uno de los trenes de Atocha, no ha dejado de acudir a su trabajo un solo día. El temor por lo que había vivido y el riesgo a ser deportado por residir irregularmente en España le llevaron a volver a su casa tras la matanza. Ni médico ni psicólogo.

Como Ciagur, muchos inmigrantes atenazados por el miedo no han tenido valor de acudir a la Comisaría General de Extranjería del Ministerio del Interior. Para ellos, la policía siempre ha estado relacionada con el fin de sus sueños. Muchos se quejan de la falta de información. De los trámites. De que en la ventanilla siempre resulta que falta algún papel. Los familiares de las víctimas y los afectados que han logrado reunir valor y todos los informes pertinentes esperan una llamada que les otorgue el permiso de residencia o la nacionalidad. Es el documento más caro del mundo: su coste, el dolor o la muerte.

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Algo que sabe bien Micaela Grecu. El día que murió tanta gente, ella viajaba contenta con el traqueteo del tren porque estaba siguiendo un tratamiento para traer un hijo al mundo. Esta rumana de 40 años ha presentado todos los informes para conseguir la nacionalidad para ella y la residencia para su marido. No sufrió heridas graves pero sigue un tratamiento psicológico.

Gheorghe Gainar, presidente de la Asociación Cultural de Ayuda e Integración del Pueblo Rumano, ha oído mil historias. "Hemos orientado a muchos porque aquí en Alcalá de Henares hay muchos rumanos", asegura. A día de hoy 1.209 inmigrantes han solicitado la nacionalidad española. Muchos son afectados directos, otros ascendientes o descendientes en primer grado. Aún no se ha concedido ninguna. Lo que empezó a tramitarse con mayor agilidad es el permiso de residencia que da derecho a un año de estancia regular.

La comisaría encargada de gestionar estos permisos tiene entre manos 2.152 peticiones. De momento han concedido 558. "Los primeros se entregaron a los cinco días de los atentados", comenta Carlos Olavide, el comisario encargado del proceso. Olavide explica que allí se han recibido 10.000 consultas y que el proceso continuará abierto tres meses más "porque todavía hay gente saliendo de los hospitales". No obstante, no todos tendrán tarjeta. Se estima que se entregarán 800 cuando se hayan presentado todas las peticiones.

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