La policía descartó el nexo entre ETA y Al Qaeda tras investigarlo por orden del Gobierno del PP
Interior encargó a Instituciones Penitenciarias buscar relaciones de etarras con integristas islámicos
El Gobierno del PP, a través del secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, encargó el 12 de marzo un trabajo al departamento de Coordinación de Seguridad de Instituciones Penitenciarias sobre la relación de ETA con integristas islámicos. El 14 de marzo, el Gobierno recibió un informe con la transcripción de cartas y conversaciones entre presos etarras e integristas islámicos. Esa documentación fue trasladada a la policía para que investigase una posible vinculación entre ETA y Al Qaeda. Los mandos policiales consultados por este periódico mantienen que en la investigación realizada no se encontraron "elementos objetivos que permitieran vincular a las dos organizaciones terroristas".
El sábado 13 de marzo, un día antes de las elecciones generales, trabajaron en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias algunos funcionarios, policías y guardias civiles asignados al departamento de Coordinación de Seguridad Penitenciaria para chequear las conversaciones y cartas intervenidas a presos etarras que pudieran relacionarlos con integristas islámicos. En las cárceles españolas hay unos 600 terroristas de los que 500 pertenecen a ETA y a 51 se les vincula con Al Qaeda. De éstos, 14 fueron encarcelados después del atentado del 11-M.
El Gobierno del PP recibió un informe el 14 de marzo con seis transcripciones de cartas interceptadas o conversaciones grabadas en distintas cárceles donde se establecían nexos entre etarras e integristas islámicos.
Las comunicaciones de los presos pueden ser interceptadas "por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento", según establece el artículo 51 de la Ley General Penitenciaria. El reglamento que desarrolla esta norma detalla que el director de cada cárcel podrá acordar la intervención de las comunicaciones de un recluso mediante "resolución motivada que se notificará al interno dando cuenta al Juez". Los internos, por tanto, saben que sus comunicaciones en los vis-à-vis o por carta pueden ser conocidas por las autoridades.
El Gobierno del PP, que llegó a desclasificar documentos del servicio secreto CNI para intentar demostrar que no había mentido al atribuir a ETA el atentado del 11-M sólo seis horas después de cometido, no hizo público ese informe penitenciario sobre las relaciones entre etarras e integristas islámicos. Se limitó a remitirlo a la Guardia Civil y a la policía para que investigasen.
El más concreto de todos ellos hace referencia a una carta remitida por Ismail Targú, preso en Francia, a José Luis Urrusolo Sistiaga, etarra encerrado en la cárcel de Soto del Real. En un momento dado, Targú señala: "Todavía me queda en Francia un año y medio. Durante todo este periodo puedo ayudaros... Después de dos meses trabajo seis horas al día, son preparativos para la Operación Sable Samurai... vamos a hacer esta operación, os lo demostraré (nota: esperemos que una hipotética colaboración de grupos islámicos-ETA no incluya el préstamo de un terrorista suicida)".
Los mandos policiales han asegurado a este periódico que en las semanas siguientes a los atentados investigaron la posible relación o colaboración entre miembros de ETA y de Al Qaeda. Las pesquisas se pusieron en marcha una vez que, el 13 de marzo, el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes, diese cuenta de que podía haber existido en el 11-M "una posible colaboración entre organizaciones terroristas, ya que no se puede descartar que estas bandas tengan conexiones y que se ayuden". Los servicios antiterroristas rastrearon los documentos intervenidos a ETA, y las comunicaciones interceptadas en las cárceles en las que convivían presos de dicha banda e islamistas radicales. "No se encontró ninguna prueba ni elemento objetivo de una conexión o una colaboración entre ETA y Al Qaeda, y menos para el 11-M", han asegurado varios mandos de la policía y la Guardia Civil a EL PAÍS. Lo único que se detectó fueron "contactos personales" entre presos de ambos mundos "exclusivamente en las cárceles", pero "ningún contacto operativo ni con fines de colaboración".
La policía investigó el contacto entre Urrusolo Sistiaga, apartado de la cúpula de ETA incluso cuando le detuvieron en Francia, y el turko Ismail Targú, preso en la cárcel francesa de Fresnes desde 1996, sin un perfil radical. Targú, nacido en Estambul el 7 de diciembre de 1952, está preso por tráfico de heroína, falsificación de marcas, falsedad documental y contrabando desde que en 1996 fue arrestado por la Brigada de Estupefacientes de París porque estaba reclamado para cumplir 10 años de presidio por delitos contra la salud pública.
Las pesquisas también permitieron acreditar que José Luis Galán, detenido en 2001 por pertenecer a la célula de Abú Dahdah (encarcelado en España por su supuesta vinculación al 11-S), había sido en 1989 interventor de Herri Batasuna en las elecciones al Parlamento Europeo. Pero en esas fechas, como reconoció Interior, Galán "aún no había sido captado por el radicalismo islámico" ni había cambiado su nombre aún por el de Yusuf Galán.
La misma noche del 11-M, mandos antiterroristas de ambos cuerpos se pusieron en contacto con sus colegas en el País Vasco español y francés para informarse de si habían detectado movimientos de etarras. La contestación fue que no se había producido ningún movimiento ni un especial nerviosismo en ese mundo.
Pese a las investigaciones policiales, Mariano Rajoy, secretario general del PP; Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario, y Jaime Mayor Oreja, candidato del PP a las elecciones europeas y ex ministro del Interior, dieron credibilidad a la hipótesis defendida en las informaciones del diario El Mundo respecto a las propuestas de colaboración de Al Qaeda a ETA. El Mundo basaba estas informaciones en las cartas intervenidas a los presos etarras (que EL PAÍS publica hoy íntegras) de las que presentaba diversos extractos.
Mariano Rajoy señaló que era "absolutamente objetivo" el hecho de que existieran conexiones entre grupos terroristas a nivel internacional. "El terrorismo internacional tiene sus conexiones, sus contactos, se entienden, se conocen y saben lo que hacen. Pero estas colaboraciones entre grupos no estoy en condiciones de saber si han planificado cosas concretamente o si tienen objetivos similares".
El candidato Mayor Oreja declaró: "Siempre hemos sabido y es evidente que las organizaciones terroristas, por lógica, por sentido común, se complementan, se ayudan, y están entrelazadas de un modo u otro, porque necesitan seguir haciendo daño, y cuando no lo hacen unos, lo hacen otros".
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- José Luis Urrusolo Sistiaga "Langile"
- Declaraciones prensa
- Conexiones terroristas
- VII Legislatura España
- Jaime Mayor Oreja
- Secretos oficiales
- Al Qaeda
- Orden público
- Ministerio del Interior
- Infraestructura terrorista
- 11-M
- Presos ETA
- Seguridad ciudadana
- Financiación terrorista
- Presos terroristas
- Seguridad nacional
- Legislaturas políticas
- Política antiterrorista
- Atentados terroristas
- PP
- Ministerios
- ETA
- Partidos políticos
- Lucha antiterrorista
- Gente