El fiscal envía a la juez un informe de Cardenal favorable a Atutxa

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado entregar a la juez Nekane Bolado un informe que elaboró el anterior fiscal general, Jesús Cardenal, en el que este afirmaba que la suspensión de Batasuna no implicaba la del grupo parlamentario del partido radical. La magistrada había solicitado el informe para incorporarlo a la causa por desobediencia contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa.

Según fuentes fiscales, la remisión del documento responde a la petición de la juez Bolado y no a otra determinación que la de cooperar con el poder judicial y contribuir a completar el procedimiento. Sin embargo, la incorporación del documento a la causa ha sido reiteradamente reclamada por la defensa como argumento frente a la querella de la propia fiscalía contra Atutxa por incumplir la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Batasuna.

En noviembre de 2002, el entonces fiscal general, Jesús Cardenal, se opuso a iniciar acciones penales contra los integrantes de la Mesa del Parlamento vasco que rechazaron la "suspensión" del grupo parlamentario de Batasuna, según había dispuesto el juez Baltasar Garzón en un auto fechado el 22 de agosto de aquel año, en el que decretó la suspensión de actividades del partido abertzale radical.

Tras el proceso de suspensión abierto por Garzón, Batasuna fue ilegalizada por la Sala Especial del Tribunal Supremo en marzo de 2003 y se ordenó la disolución de su grupo en el Parlamento Vasco. La abierta negativa de Atutxa primero y lo que la Fiscalía General del Estado calificó después como "maniobra obstaculizadora" para no cumplir lo ordenado por el Supremo dieron lugar a la querella contra Atutxa y contra los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB-IU). Para entonces, la fiscalía había cambiado radicalmente de criterio y señalaba que una cosa era el procedimiento de "suspensión" y otra la definitiva ilegalización de un partido.

Sin embargo, tanto la defensa de Atutxa como los afectados por la disolución siempre se acogieron al dictamen de Cardenal, que ahora su sucesor en la fiscalía general ha remitido a la juez que instruye la causa por desobediencia contra Atutxa. En dicho informe, Cardenal confirmó la obligación de "suspender" las actividades de Batasuna, pero añadió que Garzón no podía compeler a las instituciones legislativas y que debían ser éstas las que determinasen la forma de ejecución.

Cardenal también admitió la falta de identidad jurídica entre partido político y grupo parlamentario, pues, "sin perjuicio de reconocer la estrecha relación que media entre ambos, lo cierto es que se trata de dos entidades jurídicamente diferentes".

Además, la suspensión judicial de Batasuna, según la fiscalía, no implicaba automáticamente la de los grupos parlamentarios del partido, ya que esa decisión debía ser adoptada en el marco de la normativa parlamentaria que regula cada institución.

Por otra parte, la decisión del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, de desistir de un recurso ante el Supremo para que el ex militar argentino Adolfo Scilingo pueda ser juzgado en la Audiencia Nacional fue contestada por su abogado reclamando que el ministro de Justicia acuerde la abstención del fiscal general. Fuentes fiscales, sin embargo, subrayaron que el fiscal general no puede ser recusado y no hay motivos para su abstención, ya que Conde-Pumpido nunca ha intervenido en el caso Scilingo. El ex militar está acusado de implicación en los "vuelos de la muerte".