Barcos frente a multas y votos

El grupo de construcción naval Izar registró unas pérdidas de 21,87 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone más del doble de lo que perdieron los astilleros públicos españoles en el mismo periodo del año pasado, cuando sus números rojos ascendieron a 10,64 millones, según datos de la compañía. La facturación cayó un 24,2% en los tres primeros meses, hasta sumar 261,84 millones de euros, frente a los 345,77 millones de idéntico periodo de 2003. Estas cifras evidencian, según los sindicatos navales, que el gran problema de Izar no son las multas y expedientes de Bruselas, sino la "escasa y deficiente" carga de trabajo que tienen los diques de las factorías de la compañía.

El PSOE pide paciencia para buscar soluciones, el PP dice que el cierre está ya decretado

Los sindicatos aceptan expedientes temporales de regulación de empleo si hay más pedidos

Con esta cuenta de resultados, Izar tiene que hacer frente a las consecuencias de cinco expedientes abiertos contra los astilleros públicos españoles por la Comisión Europea y que le exigirán un desembolso de, al menos, 1.100 millones de euros, según las cifras hechas públicas por el ministro de Industria, José Montilla. De momento, Bruselas ya ha resuelto uno de los expedientes exigiendo a Izar que devuelva más de 308 millones que le fueron otorgados por Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y que las autoridades comunitarias consideran ayudas ilegales. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado su preocupación por el "difícil" futuro de Izar y ya ha advertido de que tratará de mantener la actividad en el sector pero sólo "hasta niveles razonables".

Sin embargo, la principal preocupación de los trabajadores es que "lleguen barcos". Así lo afirma Jesús Gargallo, presidente del comité de empresa de la factoría de Cádiz, quien sostiene que con los diques llenos y la actividad cubierta "ya se verá cómo pagamos las multas". El convencimiento de los comités en que la clave está en aumentar la cartera de pedidos es tal que han consentido a la SEPI y a Izar aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERE) si la dirección de la empresa les garantiza "suficiente" carga de trabajo. "Ojalá aprobemos el expediente porque eso significará que tendremos actividad", afirmó Francisco Caro, secretario del comité de Puerto Real -una de las factorías más importantes del grupo- donde la regulación puede afectar a casi 500 empleados durante cinco o seis meses.

La multa impuesta por la Comisión Europea y las que quedan por llegar ha concienciado a las plantillas -3.225 empleos directos en Cádiz, Puerto Real, San Fernando y Sevilla y más de 4.000 de la industria auxiliar- del peso de la Unión Europea en las decisiones de futuro. Con todo, las elecciones europeas se viven con cierta distancia. "Si nuestro gobierno quiere apostar por nosotros, Bruselas puede decir lo que quiera", afirma Ramón Linares, presidente del comité de Puerto Real.

En este debate entre los trabajadores, la dirección de la empresa y el Gobierno, se han introducido los partidos políticos de la oposición. Especialmente beligerante se está mostrando el PP para denunciar que bajo el expediente de regulación temporal de empleo subyace, en realidad, el cierre de factorías y despidos masivos. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, alertó incluso sobre el cierre "ya decretado" de algunas factorías, que no concretó, y el despido de miles de trabajadores. "Ante esto, el presidente Manuel Chaves responde con silencio y aplauso al Gobierno de Zapatero", lamentó Arenas. De igual manera, la vicepresidenta del PP andaluz y alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, acusó al PSOE de "cometer un crimen" con Izar e hizo un llamamiento a los militantes del PP a "salir a la calle para que los astilleros no se cierren". En esta misma dirección se situó el secretario provincial del PA en Cádiz, Alfonso Andrades, quien alertó que la regulación de empleo que puede afectar a Puerto Real "quizás sea la antesala de la eliminación de empleos que no podrán ser recuperados, y no una medida coyuntural".

Estos pronunciamientos llevaron el nerviosismo a la planta puertorrealeña que secundó hace una semana su primera protesta contra el Gobierno de Zapatero. Así las cosas, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, pidió a los empleados que "aplacen" sus protestas y "den tiempo y margen" a las administraciones central y autonómica para "buscar soluciones" que resuelvan el problema de la carga de trabajo. Más contundente fue Luis Pizarro, secretario de organización del PSOE andaluz, quien acusó a Arenas y Martínez de "cinismo e indecencia política" porque, según denunció, el PP es "el único responsable" de la "delicada" situación que atraviesan los astilleros.