El Gobierno avisa de que las reformas de estatutos no pueden cambiar la Constitución

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, aseguró ayer en el Senado que la reforma de la Constitución que propone el Gobierno "no va a abrir un periodo constituyente" y que "no va a afectar al marco competencial del Estado de las autonomías, de la misma manera que las reformas de los estatutos no tienen que suponer cambios en la Constitución". Aclaró que la reforma constitucional sólo afecta a "aspectos puntuales": reforma del Senado, regulación de la sucesión de la Corona para no discriminar a la mujer; enumeración de las 17 autonomías y referencia a la Constitución europea.

El ministro de Administraciones Públicas presentó las líneas generales de su departamento ante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, con la participación de todos los representantes de los Gobiernos autónomos a excepción del vasco. La sesión se prolongó durante seis horas. Todos los representantes de comunidades pudieron intervenir.

Sevilla aprovechó su intervención para insistir en que la principal urgencia del Estado de las autonomías es fijar mecanismos de cooperación, reafirmar la limitación de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno y salir al paso de la iniciativa de la Generalitat de Cataluña, que quiere promover una reforma constitucional partiendo de la reforma del Estatuto.

El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, matizó durante el debate la posición del Gobierno de Cataluña. Dijo que la Generalitat va a separar la propuesta de reforma constitucional de la de reforma del Estatuto, aunque el Parlamento autónomo las presentará de forma paralela.

El ministro insistió en que "no se trata de reescribir la Constitución ni de volver nuevamente a lo que pudo haber sido y no fue, como si tuviéramos que estar revisando continuamente nuestra historia". Sin embargo, aclaró que frente al proceso de reformas estatutarias, que se abre desde las comunidades en paralelo al de reforma constitucional, no habrá una nueva LOAPA. Las comunidades podrán fijar su nivel competencial, dentro del marco constitucional. "Lo que no se hará es reformar los estatutos desde el Gobierno central. Tampoco se va a obligar a ninguna comunidad a aceptar cambios que no desee, ni se frenarán sus aspiraciones si respetan las reglas del juego", dijo.

La contundencia de Sevilla al descartar reformas de estatutos que impliquen cambios en la Constitución provocó el malestar de los nacionalistas, especialmente del BNG, cuyo portavoz, Anxo Quintana, la calificó de "decepcionante" y "preocupante". El portavoz de CiU, Pere Macias, dijo: "A quienes defendemos la concepción plurinacional se nos ha ofrecido gentiles dosis de idéntico café para todos". E incluso llegó a manifestar: "Si se quiere transmitir una idea de que va a ser el Gobierno del Estado quien va a erigirse en juez de las comunidades autónomas, prefiero al señor Aznar".

Sin embargo, para el portavoz del PP, Josep Piqué, la vía de reforma estatutaria alentada por el Gobierno es "confusa". Piqué ofreció su ayuda al ministro para "salir del lío y el embrollo en que se han metido". Sevilla replicó que es el Gobierno del PP el que "ha metido a España en este lío autonómico", con la "tensión provocada" entre el Gobierno central y los Ejecutivos autónomos, y porque "reprimir los problemas nunca es una manera de resolverlos". El ministro pidió a Piqué que comprometa a su partido en la reforma constitucional.

Los representantes de los Gobiernos autónomos expresaron sus reivindicaciones particulares. Llamó la atención el representante de Navarra, que reclamó una reforma constitucional para eliminar la disposición que permite la integración de su comunidad en el País Vasco. Más allá de sus reivindicaciones propias, las comunidades dieron su aprobación a la apertura del diálogo sobre la constitución de una Conferencia de Presidentes Autonómicos, a la reforma del Senado y a la revisión del modelo de financiación, lo que fue destacado por el ministro de Administraciones Públicas en su balance. No obstante, las comunidades gobernadas por el PP exigieron al Gobierno que las reformas no provoquen "discriminación de unas comunidades con otras". A su vez, el presidente de la Comisión de Comunidades Autónomas, el socialista Juan José Laborda, destacó la "claridad" de la intervención del ministro y la "buena disposición de las comunidades al diálogo" propuesto por el Gobierno.