El fantasma de la fuga de empresas

El desempleo es el principal problema de los españoles, según el último sondeo del Instituto Opina, un fenómeno que viene ahora acompañado del espectro de las deslocalizaciones. Los partidos se proponen en sus manifiestos electorales luchar por el pleno empleo.

La Eurocámara no puede impedir la deslocalización de empresas hacia entornos más propicios a las cuentas de resultados, pero las instituciones europeas se han marcado como objetivo crear un entorno favorable a las empresas. No es tarea fácil, como pone de manifiesto la negativa de la Comisión a secundar las estrategias concebidas por algunos Gobiernos para contrarrestar las ventajas comparativas que explotan los nuevos Estados de la Unión.

Los países desarrollados no pueden competir con mano de obra barata

España es el caso más dramático, porque no tiene la solidez industrial de Alemania

Estas son las primeras euroelecciones en una Europa a Veinticinco, cuyos diez últimos socios se han convertido en un imán para las inversiones de los Quince. Frente a las inversiones en mercados exóticos, los del centro y el este de Europa presentan la ventaja de lo conocido y previsible y de la corta distancia.

Alemania percibe esta cercanía como una oportunidad y una amenaza: para las empresas es una ocasión de reducir costes (los laborales pueden variar entre el 16% y el 53% entre los Quince y los Diez) al tiempo que el Gobierno de Gerhard Schröder y los sindicatos lo ven como un azote para el empleo.

El caso es más dramático en España porque el país no goza de la solidez industrial del gigante alemán. Los países desarrollados no pueden competir con la mano de obra barata y han de hacerlo con tecnología, investigación y valor añadido. El conglomerado financiero e industrial de la Mondragón Corporación Corporativa es el ejemplo, con sus planes de deslocalización de actividades simples y reserva para el interior de las de alto valor añadido, capaces de mantener y crear empleo. La Mondragón Corporación Corporativa es un grupo con tecnología propia, capaz de imponer su estrategia, frente a lo ocurrido con los traslados de Seat o Samsung a Eslovaquia, decididos fuera de nuestras fronteras.

Aunque se han hecho algunos intentos de evaluar e impacto de las deslocalizaciones en la Unión Europea, su alcance sigue siendo difícil de cuantificar, si bien se habla de miles de millones de euros invertidos y en cientos de miles los puestos de trabajo en la cuerda floja.

Es un proceso imparable en un mundo globalizado, que, además, va acompañado de una acelerada automatización industrial, tan imprescindible para ganar competitividad destructora de empleo directo.

La Comisión Europea constata los costes sociales de la deslocalización, pero no se alarma por el fenómeno, que ve como consecuencia natural de procesos de ajuste en un mercado único a escala continental que permite mantener en la Unión Europea producciones que, en caso contrario, se habrían transferido a Asia. Así, el conjunto de la Unión gana competitividad. Frente a terceros, "Europa sigue teniendo numerosos factores de atracción, que contribuyen a un entorno global favorable, como la calidad de la educación y de las infraestructuras, los rendimientos de los servicios públicos o la calidad del diálogo social", señala una reciente comunicación del Ejecutivo comunitario.

Muchos aspectos de la actividad de las empresas son objeto de normativas, que Bruselas concibe como instrumentos para favorecer la competitividad, con la que mantener el liderazgo. "La competitividad de la industria comunitaria es asunto de todos", dice la Comisión. "El Consejo y el Parlamento deben procurar que las medidas resultantes del procedimiento legislativo no perjudiquen a la competitividad".

La agresividad de los países de la ampliación para atraer inversiones tiene muy nerviosos a algunos de este lado. Berlín y París acaban de pedir a la Comisión que "presente cuanto antes propuestas concretas para lograr una armonización fiscal en el mundo de las empresas".

Ambos Gobiernos reclaman una banda de fluctuación del impuesto de sociedades en los Veinticinco que ponga coto a la actual liberalidad en la que la mayoría de los nuevos socios no superan el 20% -en la Eslovaquia de Seat y Samsung es del 19%; en Estonia, del 0% si se reinvierten los beneficios-, mientras que entre los viejos Quince se llega hasta el 35%, como es el caso de España.

Bruselas se niega a abrir este atajo que reclaman los grandes por estimar deseable que haya libre competencia fiscal: así se permite a un país superar con políticas fiscales desventajas como el estar en la periferia, tener deficientes infraestructuras o una mano de no cualificada.

Esa discrepancia de estrategias entre los distintos miembros de la Unión Europea garantiza que no habrá ningún cambio de política, porque el cambio sólo puede obtenerse por unanimidad.

El canciller alemán clama contra lo que califica de dumping fiscal, pero desde la Comisión se ha señalado que quienes aluden al dumping fiscal deberían también hablar en contra del dumping social que suponen los bajos salarios.