A vueltas con la paridad
Hace algunos años, mi amigo José Antonio Griñán, actual consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, me explicaba, y yo lo he escrito y repetido muchas veces, que en el artículo 14 de la Constitución se encierra, además del principio de igualdad, el de no discriminación, y que son dos principios que no significan exactamente lo mismo. El principio de igualdad, salvo excepciones que son socialmente reprochadas, ha tenido detrás una larga serie de actuaciones públicas y puede decirse que un desarrollo aceptable. El de no discriminación no sólo está infinitamente menos desarrollado que el anterior, sino que las medidas de impulso -las denominadas acciones positivas- acostumbran a verse por quienes consideran que en la igualdad está ya comprendida la no discriminación, como atentatorias a los fundamentos de ésta.
La historia nos demuestra que a la conquista de la igualdad efectiva le hace falta también la lucha contra la no discriminación. El feminismo encontró en el sistema de cuotas el instrumento que permitió a las mujeres adquirir poder y hacerse visibles en el espacio público, pues se había constatado, previamente, que la visibilidad social estaba interrumpida precisamente porque sus nuevas habilidades y posiciones no tenían reflejo en los poderes explícitos y legítimos. Las medidas de acción positiva han sido objeto de toda clase de críticas por muy diversos sectores sociales, la mayoría de ellas producto de intereses ideológicos o de poder evidentes; sin embargo, es bastante indiscutible, al día de hoy que, por ejemplo, fue el establecimiento de la cuota del 25% en las listas electorales por parte del PSOE en 1988 lo que permitió el salto en la representación de mujeres en la vida política; también introducen la cuota otros partidos políticos y los que están en contra, con el PP a la cabeza, se han visto obligados a incrementar la presencia de mujeres en la vida pública, todo lo cual ha sido beneficioso para incrementar esta presencia.
Y así, paso a paso, llegamos a la formulación de lo que se conoce como democracia paritaria, término que fue acuñado en la Cumbre de Mujeres en el Poder celebrada en Atenas en noviembre de 1992; en ella se dice que "la ausencia de mujeres en los centros de representación política y de toma de decisiones implica un déficit democrático incompatible con una verdadera democracia" y se llega a una fórmula muy concreta, la de que en todas las listas electorales, en todos los puestos de representación y de decisión política, no hubiese más del 60% ni menos del 40% de cualquiera de los dos sexos; nació la paridad y la lucha de las mujeres por su consecución, como antes lo habían hecho por la obtención, por ejemplo, del derecho al voto. Acerca de ella, a lo largo de estos años, hemos oído y leído de todo, pero estamos en el camino de alcanzarla; en España y en Andalucía ya la tenemos en sus respectivos gobiernos, pero hay que subrayar, porque es de justicia, que en nuestra tierra la paridad en el Gobierno existe desde el año 2000. Hemos sido la primera y durante mucho tiempo única comunidad autónoma con democracia paritaria y, por tanto, con democracia real, y esto ha sido así porque se ha hecho políticamente obligatorio en los Estatutos del PSOE desde el año 1997 y aquí se aplicó inmediatamente. Ahora queremos reformar la ley electoral para hacerla obligatoria en todas las elecciones y para todos.
El poder, cualquier poder, no se regala sino que se conquista, y de esto sabemos mucho las mujeres; cuesta el cambio tanto que son muchas las que perecen en el intento, pero hay que seguir avanzando hasta que logremos generalizarla en todos los niveles de la Administración y de la vida, pero en la de todos los días, en la cotidiana, que tampoco es paritaria ni compartida y como botón basta una muestra: en el Gobierno de la nación hay ocho mujeres ministras y suman en total, entre todas ellas, seis hijos; los ocho ministros varones tienen 22. La explicación es evidente, para un hombre lo público es prioritario, para la mujer su mundo es el privado y cuando la regla se rompe tiene que ser a costa de éste. Por eso conseguir la igualdad real cuesta tanto, pero parece que, a partir de ahora, vamos a poder contar con el PP de Andalucía, pues la portavoz de este partido ha declarado, por primera vez, que la falta de paridad en los escalones intermedios de la Administración autonómica le parece "un fraude a la sociedad". No sabíamos que este partido estuviera a favor de la paridad, pero me alegro del cambio y los espero en la reforma de la ley electoral que hará obligatoria la paridad; mientras tanto, las que de verdad creemos en la justicia de ésta seguiremos peleando por alcanzarla en todos los ámbitos del poder y de la vida.
Amparo Rubiales es profesora de Universidad y abogada.
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