España fue condenada en ocho ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2003

La Memoria del Tribunal Constitucional señala que España ha sido condenada en ocho ocasiones en 2003 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, en tanto que Alemania lo fue en 10 ocasiones, Francia en 76, Italia en 106 y Reino Unido en 20.

Según recoge la Memoria, el pasado año, de las 455 denuncias presentadas contra España, el TEDH sólo abrió trámite de alegaciones en 12 casos y admitió seis demandas, dictando un total de nueve sentencias, ocho de ellas condenatorias.

El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, destacó que en materia de derechos humanos España ha sido condenada "mucho menos que los países de nuestro entorno" y que en 2002 España sufrió una sola condena por el caso Perote.

A lo largo de 2003 llegaron al Tribunal Constitucional un total de 7.847 asuntos jurisdiccionales, 422 más que el año anterior. La "abrumadora mayoría" fueron recursos de amparo (7.721, un 98%). El Pleno recibió 157 asuntos: 36 recursos de inconstitucionalidad; 96 cuestiones de inconstitucionalidad y 24 conflictos (22 conflictos positivos de competencia y 2 en defensa de la autonomía local). Las comunidades autónomas duplicaron en 2003 el número de conflictos de competencia planteados ante el Constitucional contra normas del Estado, al haberse registrado 21 de estos procesos frente a los 10 planteados en 2002. Por el contrario, el número de recursos de inconstitucionalidad planteados por las Administraciones autonómicas contra leyes del Estado se redujo a casi la mitad, pasando de 35 a 18.

A lo largo de 2003 la litigiosidad territorial ante el Constitucional fue liderada por Cataluña, que presentó 7 recursos de inconstitucionalidad y 12 conflictos de competencia frente al Estado; Andalucía impugnó 5 leyes del Estado y planteó tres conflictos competenciales. Aragón planteó 5 cuestiones competenciales y un recurso de inconstitucionalidad frente al Estado.

Por parte del Gobierno, su mayor índice de litigiosidad se dirigió contra leyes vascas (4 recursos de inconstitucionalidad), catalanas (3 recursos), andaluzas (3 recursos), castellano-manchegas (2 recursos) y extremeñas (2 recursos), mientras que el único conflicto de competencia presentado por el Gobierno de la Nación durante 2003 se dirigió contra la Administración autonómica catalana.