El de Estabilidad, un pacto para incumplir

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue impuesto en 1997 por Alemania y Francia al resto de los países de la Unión Europea como el marco legal y sancionador para que todos los países participantes en la Unión Económica y Monetaria (UEM) cumplieran unas férreas reglas tras asumir el euro como moneda única.

El Pacto exige una disciplina presupuestaria a todos los Estados de la Unión para que ningún desvío en uno de ellos repercuta negativamente en los demás. Así, fija que el déficit público no debe superar el 3% del PIB; la deuda pública no pueda estar por encima del 60% del PIB; y la inflación no ha de superar en más de un punto a la media de los tres mejores. En una u otra medida, 13 países lo incumplen, entre ellos las grandes potencias económicas de la Unión Europea.

El punto más importante del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es el relativo al déficit, porque los desequilibrios presupuestarios de un país son los que más repercusiones dañinas pueden causar al resto. Para evitarlos, el Pacto y el propio Tratado de la Unión Europea prevén incluso sanciones que van desde la puesta bajo control de la Unión de las cuentas públicas de un país hasta sanciones económicas contra el mismo que pueden llegar al 0,5% de su producto interior bruto (PIB).

El primer país en incumplir el Pacto fue Portugal y sobre él recayeron desde 2002 todo tipo de advertencias y recomendaciones dentro de su expediente por déficit excesivo. Pero después, en medio del estancamiento económico en Europa, fueron Francia y Alemania los incumplidores y la historia empezó a escribirse de otra manera cuando los expedientes afectaron a las dos grandes potencias fundadoras de la Unión Europea. El eje franco-alemán insistió en que el Pacto es de Estabilidad, pero también de Crecimiento, y que el corsé del mismo frenaba el repunte económico en Europa. Incluso el presidente de la Comisión, Romano Prodi, declaró que el Pacto era "estúpido".

Comenzó así en la UE un pulso aún no resuelto. De un lado, Pedro Solbes, comisario español de Asuntos Económicos y hoy y ministro de Economía y Hacienda, apoyado por los países cumplidores, con España, Austria y Holanda a la cabeza. De otro, el eje franco-alemán, apoyado por los que ya veían problemas en el horizonte, como Italia o Reino Unido. La primera gran batalla se registró en noviembre pasado, cuando el segundo grupo impuso que los ministros de Finanzas (Ecofin) dejaran en suspenso el camino de las sanciones contra Berlín y París. La Comisión recurrió ante el Tribunal de la Unión Europea y aún se espera el veredicto.

Desde entonces, el Pacto está en el limbo. Tanto Solbes como su sucesor, Joaquín Almunia, se han inclinado por flexibilizar las reglas del Pacto, su aplicación. A la vez, han insistido en que, mientras estén ahí, las reglas están para cumplirlas. Por eso, a Portugal, Francia y Alemania les han seguido después como expedientados Reino Unido, Grecia, Holanda, Italia y seis de los nuevos países que acaban de incorporarse el 1 de mayo a la UE.

Tanto la Comisión como el Ecofin aguardan ahora el veredicto del Tribunal de la Unión Europea y las propuestas de reforma del Pacto que presentará Almunia. Entretanto, nadie pone en duda que debe haber unas reglas concretas de coordinación económica en un club con un mercado único y con una moneda compartida por doce socios. Sobre todo cuando en ese club se está produciendo un claro envejecimiento de la población y los sistemas públicos de pensiones amenazan con más profundos desequilibrios en las finanzas de los Estados.