Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

Europa, capital Bagdad

¿Es ajena la guerra de Irak a la discusión sobre el futuro de Europa? ¿Es, por tanto, segregable del debate central español en las inminentes elecciones, como pretenden algunos? Sucede exactamente lo contrario. Hoy, la política europea tiene como capital lo que sucede en Bagdad.

Por varias razones.

Primera, porque el caos allí creado merced a la alianza de los ocupantes, y desde allí difundido, constituye el más grave problema internacional, y nada de lo que sucede en el mundo puede dejar indiferente a la Unión Europea (UE).

Segunda, porque las incipientes políticas exterior y de seguridad común y de defensa europeas tienen en Irak su asignatura pendiente, y estas políticas, junto con la de Justicia e Interior, destacan entre las apuestas capitales que los Veinticinco han escrito en la Constitución en ciernes.

Tercera, porque la mayor quiebra registrada de la unidad europea desde la guerra de Bosnia -luego recompuesta en Kosovo- se produjo al socaire de la invasión de Irak, como cínicamente venía a reconocer hace poco más de un año Condolezza Rice ("la gente debería preguntarse quién amenazó la unidad europea: no fue EE UU"), quizá para cubrir a su colega Donald Rumsfeld, quien acababa de azuzar inquinas de la "nueva Europa" contra la "vieja", en sendas frases que ayudan a recordar cómo ese conflicto es crucial para la agenda europea.

Cuarta, porque los efectos de la invasión de Irak no son sólo globales y muy superiores incluso a lo que toda gente solvente previó (el inédito caldo de cultivo del terrorismo en aquel país; la agudización del conflicto israelo/palestino; la desestabilización general del mundo árabe; el creciente descrédito de Occidente a cargo de las torturas estadounidenses...). Sino que también afectan directamente a lo más tangible de la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, por ejemplo, al deteriorarse la calidad de nuestras democracias o al pespuntearse un endurecimiento del entorno económico, por la vía del encarecimiento del petróleo, de posibles consecuencias inflacionistas.

Así, resulta imprescindible recapitular sobre lo sucedido para no tropezar en la misma piedra de la desunión. Especialmente desde España, país que bajo el aznarato estuvo en este ámbito de la política exterior a la vanguardia no de la construcción, sino de la destrucción europea. Porque la afiliación europea entraña al menos, como en todo club, cumplir los deberes de su reglamento interno. Y el Tratado de la Unión obliga, como es obvio, a todos los Estados miembros a ser leales con los acuerdos alcanzados en las instituciones comunes, entre ellas el Consejo: "Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad" (art 5. TUE). Más singularmente, en materia de política exterior: "Se abstendrán de toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda perjudicar su eficacia como fuerza de cohesión en las relaciones internacionales" (art. 11.2 Tratado de Niza) y "velarán por la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones comunes" (art. 15). Además, los artículos 16 y 19 les imponen deberes adicionales específicos, como el de informarse y consultarse para procurar una "acción (exterior) concertada y convergente". Pero dictan aún más obligaciones a aquellos Gobiernos de los Veinticinco que también son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (como era, y es, el caso de España), quienes "se concertarán entre sí y tendrán cabalmente informados a los demás Estados miembros". Todo ello viene aún mejor ordenado y desarrollado en el proyecto de Constitución (artículos I-15 y I-39).

España traicionó el más elemental de este abanico de deberes, el de cumplir los pactos concretos ya alcanzados.

La primera violación fue la de un acuerdo ministerial. El 27 de enero de 2003, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión alcanzó una posición común por la que mostraba su apoyo a "proseguir e intensificar" las actividades de los inspectores encabezados por Hans Blix y Al Baradei y "reiteraba" el papel clave del Consejo de Seguridad en el asunto. Tan sólo tres días después, el 30 de enero, se publicaba la Carta de los Ocho, encabezada por Tony Blair y José María Aznar, a hurtadillas de los demás, que conculcaba lo acordado por sus ministros de Exteriores. Los firmantes preconizaban no la unión de los 15, sino de éstos con Washington, y cortocircuitaban a los inspectores, argumentando todo ello sobre la (falsa) conjunción en Irak entre las armas de destrucción masiva y la amenaza terrorista.

La segunda y más grave violación fue la de un acuerdo de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Los quince líderes lograron el 17 de febrero en el seno del Consejo Europeo recomponer la fractura provocada por la citada Carta al comprometerse a que "NN UU sigan en el centro del orden internacional", optando porque la guerra "no es inevitable" y por cumplir la resolución 1.441 "de forma pacífica", con "nuestro pleno apoyo al trabajo que están realizando los inspectores", a quienes "debe dárseles el tiempo y los recursos" necesarios. Pues bien, tan sólo una semana después, el 24 de febrero, Blair y Aznar se declaraban coautores con Washington de la "segunda" resolución presentada al Consejo de Seguridad, el ultimátum que despejaba la invasión, desligándose del apoyo a la vía pacífica y a los inspectores que acababan de acordar con sus socios. Abandonaron Bruselas y acudieron enseguida a las Azores.

Estas actuaciones consumaron la renuncia del Gobierno de Aznar al hilo conductor de las políticas exterior y europea de España desde la transición, a la continuidad básica -cada Gobierno con sus legítimos matices- entre las etapas de UCD y el PSOE. Fue así el anterior presidente quien quebró el consenso español de la democracia, y toda recuperación de ese consenso debe inevitablemente pasar por la rectificación práctica y, si se quiere, gradual y digerible (tampoco son exigibles trágalas ni autoinmolaciones, algo poco simpático y menos viable) de los actuales dirigentes del Partido Popular. Peor aún. Su contribución política a la fractura europea fue superior a la de Blair, porque no era lo mismo una postura de la nueva Europa rumsfeldiana, de escasa credibilidad y leve masa crítica, encabezada sólo por un Reino Unido tradicionalmente situado en la periferia del europeísmo, que por un país de acreditada tradición comunitarista como el nuestro.

De modo que tras el regreso de las tropas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene ante sí la posibilidad de recuperar el tradicional esquema de la política exterior española, el anclaje en la política europea, especialmente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común. Para ello le basta al inicio con seguir literalmente el guión textual del Tratado. Así, en la actual discusión de una nueva resolución del Consejo de Seguridad

sobre Irak, le corresponde procurar una "acción convergente", intentar concertarse con los otros miembros de ese Consejo e informar "cabalmente" al resto de socios de la Unión: lógicamente, también en el seno de las instituciones comunitarias. Y ello, no por escudarse en la masa de socios para evitar individualizarse como Pepito Grillo frente a Washington, sorteando de esa guisa los molestos y agónicos coletazos del actual equipo imperial, sino simplemente por coherencia europeísta. O incluso por una razón más elemental, para honrar la obligación de cumplir la ley, el Tratado.

Es decir, le corresponde al Gobierno de Zapatero actuar en este asunto de la manera exactamente contraria -en tiempos de confusión hay que aclarar las cosas sin eufemismos- a la de su antecesor. La iniciada recomposición de complicidades con los países motores de la Unión, como Alemania y Francia, es el camino evidente. Y debe completarse mediante el estrechamiento de los lazos con las instituciones comunitarias, singularmente con la Comisión: no en vano la experiencia de los casi dos decenios de nuestra integración en el club europeo indica que todo interés español que ha logrado respaldo del triángulo París, Bonn/Berlín y Bruselas, ha salido adelante. Y eso es mucho más decisivo que los umbrales que se establezcan finalmente en el Consejo (con ser importantes) para fraguar minorías de bloqueo. Así se logró duplicar los recursos financieros para la política de cohesión, reequilibrar hacia el Mediterráneo la política agrícola, elevar a comunitarios los principales intereses geoestratégicos de España en el mundo, mediante las políticas euromediterránea y latinoamericana, que urge revitalizar, adaptar y actualizar, lo que constituye interés prioritario de este país... en vez de perder el tiempo en pelearse con el vecino Marruecos por una "estúpida islita" (Colin Powell dixit) o en utilizar las cumbres iberoamericanas como plataformas de una particular y desvencijada grandeur retórica.

Pero tampoco bastará con desandar los errores. La UE de hoy es más amplia y más diversa. Habrá que añadir a los ejes tradicionales de la política exterior una estrategia clara con los nuevos países, procurando contribuir como gozne a su mejor encaje en la Europa europeísta. Es cierto que se parte de un hándicap: la práctica inexistencia de una estrategia exterior hacia los que ayer eran candidatos, como lo demuestra el escaso impulso del último Gobierno al comercio exterior o a las inversiones directas en esos países, a diferencia de lo practicado -con éxito- en lugares como China. Ahora, habrá que trazar un diseño sobre el trato con estos, actuales, socios. Y probablemente Polonia, que constituye por sí sola la mitad de la ampliación, y es un país bastante semejante al nuestro en los años cincuenta, deba concitar interés preferente. Pero no con la intención de estimular sus tentaciones al ensimismamiento nacionalista o su excesiva sensibilidad hacia Washington, como se hizo en la secuencia de Irak. Sino para lograr que Polonia se convierta en la España del Báltico, esto es, un éxito político, económico y federalizante de la integración; en vez de retroceder, como se ha pretendido, de forma que España se convirtiese en una suerte de (vieja) Polonia del Mediterráneo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de mayo de 2004