El Gobierno expulsa a dos islamistas por amenaza contra "la seguridad nacional"

Dos personas relacionadas indirectamente con la matanza del 11-M han sido expulsadas de España porque el Gobierno ha considerado que representaban una amenaza "contra la seguridad nacional", según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. El Ejecutivo ha adoptado la decisión en aplicación de la Ley de Extranjería y a petición de expertos policiales, que en diversos informes confidenciales solicitaron al Gobierno el empleo de esta vía legal, hasta ahora poco explorada en España, para combatir al terrorismo islamista. Un funcionario consultado define a las dos personas afectadas por la decisión administrativa como individuos "contra los que no había acusaciones de tipo penal", pero de cuyas actividades se tenía "constancia clara". Responsables policiales aseguran que esta vía es necesaria y añaden que esperan comprensión y sensibilidad social, porque el terrorismo islamista representa un fenómeno nuevo.

Se trabaja ya en nuevos expedientes de expulsión contra varios sospechosos

Francia lleva años expulsando a radicales y Alemania modificará su ley de inmigración

El Gobierno quiere abordar la amenaza del terrorismo islamista con una triple perspectiva: la inmigración, la delincuencia común, que se ha demostrado vinculada a esta clase de terrorismo en el reciente atentado del 11-M, y la radicalidad. Ya ha comenzado a tomar medidas sobre la primera de estas tres patas en las que, a veces, se sostiene Al Qaeda, el monstruo de mil cabezas que dirige Osama Bin Laden.

Y lo ha hecho mediante una nueva arma administrativa, la expulsión de dos personas. La medida puede ser aplicada en el futuro a otros extranjeros sobre los que existan indicios serios de que representan una amenaza para la seguridad nacional. Se trata de un instrumento legal que hasta ahora se empleaba únicamente contra los denominados sin papeles.

Las dos personas expulsadas están relacionadas con las detenciones, 40 en total, que se han practicado desde el 11-M en distintas ciudades españolas, y al menos una de ellas es de nacionalidad marroquí. Un informe de la Comisaría General de Información, cuyos agentes combaten el terrorismo islamista, argumentó la supuesta "peligrosidad" de los expulsados y recomendó su inmediata expulsión por razones de seguridad nacional.

En ambos casos, tal como exige la Ley de Extranjería, se les abrió un expediente administrativo y se les comunicó la decisión, que consistió en la expulsión inmediata del país como autores de una infracción muy grave. Sus recursos, previstos en la ley, fueron rechazados. El Gobierno les prohíbe entrar en territorio español durante un periodo comprendido entre tres y 10 años.

De las 40 detenidos por el 11-M, 24 se encuentran en prisión preventiva por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, otros quedaron en libertad provisional bajo fianza, con obligación de personarse en el juzgado, y finalmente un numeroso grupo se encuentra en libertad sin cargos. Los expulsados pertenecen al entorno de este último bloque, según fuentes oficiales. Un funcionario consultado los define así: "Son personas contra las que no había acusaciones de tipo penal, pero que teníamos constancia clara de sus actividades".

"Hay un antes y un después del 11-M. ¿Qué hacemos cuando faltan pruebas penales para encausar a una persona, pero todas las evidencias señalan que estaba al tanto, fomentaba o apoyaba actividades terroristas?", se pregunta un alto responsable policial. En su opinión, la expulsión puede ser una solución que ya adoptan otros países como Francia, que en lo que va de año ha obligado a abandonar su territorio a cuatro imanes por fomentar el radicalismo y la yihad desde las mezquitas. El último, Midhat Güler, un comerciante turco que dirigía una mezquita de París.

Francia, que sufrió en los años noventa una larga y sangrienta campaña de atentados terroristas del GIA argelino, fue el primer país europeo en adoptar estas medidas. En Alemania, esta misma semana todos los partidos del arco parlamentario han acordado reformas legales en la ley de inmigración, que permitirán la expulsión de los imanes "predicadores del odio" y de los sospechosos de terrorismo, según "un pronóstico de peligrosidad basado en hechos". El acuerdo se logró gracias al impulso del canciller federal, el socialdemócrata Gerhard Schröder.

La expulsión, por amenaza contra la seguridad nacional, de ciudadanos extranjeros que residen legalmente en el país supone una novedad en España en la lucha contra el terrorismo islamista, pese a que esta posibilidad, a juicio del actual Gobierno, se contempla en la Ley de Extranjería. "Antes casi no se utilizaba para combatir el terrorismo, pero ahora estamos dispuestos a aplicar esta vía todas las veces que sea necesario, con todas las garantías legales y sin salirnos ni un ápice del marco legal. Respetaremos escrupulosamente la ley", asegura un alto cargo de Interior.

Otras fuentes aseguran que en los próximos meses se producirán nuevas expulsiones de personas relacionadas con el 11-M. "Si una persona sospechosa tiene que renovar su permiso de residencia, sencillamente no se lo renovaremos y lo expulsaremos. Es un forma de defensa que antes no utilizamos, pero que es imprescindible si queremos ser efectivos en la lucha contra este fenómeno. Un tipo de terrorismo nuevo y desconocido para nosotros. No hay que olvidar que la amenaza continúa", asegura un responsable policial.

Pedro Rubira, fiscal de la Audiencia Nacional y experto en terrorismo islamista, destaca la dificultad para acumular pruebas penales. "Hay muchos actos preparativos o preliminares de un atentado que resultan impunes. Luego, cuando actúan, ya es demasiado tarde". Es en ese terreno en el que los expertos de la Comisaría General de Información piden que se aplique la Ley de Extranjería y se obligue a abandonar el país a personas señaladas por actividades que, en su opinión, atentan contra la seguridad nacional. "Si se hace en otros países democráticos, ¿por qué no lo hacemos aquí? Esperamos que haya la suficiente sensibilidad ciudadana para entenderlo", demanda un mando policial.

Aunque en los dos casos citados no ha prosperado ningún recurso, en el futuro pueden plantearse supuestos como el Abdelkader Yahia Cherif, un argelino que ejercía como imán en Brest (Bretaña) y fue embarcado el pasado 15 de abril rumbo a Argelia "por amenazas a la seguridad del Estado". Su abogado ha logrado que un tribunal desautorice la expulsión y el imán ha pedido un visado en Argel para intentar regresar a Francia. Jacques Chirac, el presidente de la República, ha advertido: "Si hace falta modificar nuestra ley para no volver a caer en casos de esta naturaleza, se modificará de modo que se pueda expulsar a los autores de este tipo de comportamientos".