Fronteras infranqueables

La petición de indulto del Ayuntamiento de El Ejido para dos de sus vecinos condenados por agredir a tres inmigrantes ha vuelto a poner de manifiesto lo que aún nos queda por avanzar en la integración de la población extranjera en una sociedad como la nuestra, que se califica a sí misma como democrática y socialmente avanzada. Este caso, además, ha puesto de manifiesto las contradicciones entre el discurso y la práctica de los dos partidos mayoritarios: mientras los concejales del PSOE y del PP votaron juntos la aprobación de la petición, los líderes regionales se vieron obligados a reaccionar apresuradamente, bien para disculpar su actuación, como hizo Arenas, o bien para desautorizarlos, como hizo Chaves.

A nadie se le escapa que 56.000 firmas es una presión política considerable para unos concejales cuya reelección depende de los mismos vecinos que les reclamaron el respaldo al indulto, pero hay fronteras que no se pueden pasar. El pueblo no siempre tiene razón, y argumentar que se aprobó la petición porque se escucha al pueblo, como ha hecho Juan Enciso, es un despropósito populista que expresa bien a las claras en qué términos se está dilucidando la política municipal en aquella población. La actitud del alcalde y del PP sólo está consiguiendo hacer más daño al nombre de El Ejido y a su actividad económica. No es extraño, en ese contexto, que los militantes de IU, que mantienen una postura valiente y coherente, defendiendo con tesón incomprendido la necesaria y mutuamente beneficiosa integración, sean señalados con el dedo y se les pretenda excluir social y políticamente.

La construcción de una sociedad mestiza, intercultural, ha de realizarse en ciudades y pueblos. Son el espacio físico y social donde confluyen españoles e inmigrantes y donde se produce, por tanto, el conflicto, la coexistencia, la convivencia o la integración. Siempre se ha dicho de los ayuntamientos que son la administración más cercana a los problemas de los ciudadanos. Por eso, su posición respecto al fenómeno de la inmigración es fundamental y debe ser ejemplarizante. En una sociedad democrática, lo que une a todos los ciudadanos, sean de donde sean, es el respeto a los derechos humanos, a los valores cívicos y al ordenamiento jurídico: los derechos y los deberes son, deben ser, iguales para todos. Las administraciones públicas tienen el mandato constitucional de garantizar el acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la seguridad, a la identidad y a la diversidad cultural. Desde IU nos hemos comprometido a plantear que en los próximos Presupuestos Generales se incluya un fondo para facilitar la integración en municipios con muchos inmigrantes y hemos planteado la necesidad de un pacto que desarrolle las políticas para construir una Andalucía mestiza.

Diego Valderas es coordinador regional de Izquierda Unida.