Consell, FVMP y patronal suscriben en solitario un gran acuerdo marco para la gestión de residuos

El Consell, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la patronal Cierval firmaron ayer en solitario el acuerdo marco de gestión de residuos. El PSPV-PSOE, principal partido de la oposición, no se sumó al pacto, a pesar de haberlo promovido y negociado, por las prisas del Consell. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, apeló en la presentación del acuerdo al "consenso político" para solventar las tensiones sociales que provocan la ubicación de las plantas de tratamiento. El Consell se comprometió a tener los 18 planes de gestión de residuos en 2004.

Camps describió el protocolo suscrito ayer como un marco de "convivencia y seriedad". "Es una irresponsabilidad", dijo el presidente de la Generalitat, hacer de la ubicación de las plantas de residuos un campo de batalla política y crear tensiones sociales". Camps apeló al consenso político porque "detrás de este protocolo queda mucho por venir".

El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, cuyo departamento ha llevado adelante la negociación con otras organizaciones, se comprometió ayer a redactar los 18 planes zonales necesarios antes de final de año en cumplimiento de una ley aprobada hace cuatro años. En estos momentos sólo hay tres aprobados y el resto están en redacción, según Territorio. El presidente de la FVMP y alcalde de Altea, Miguel Ortiz, dijo que el protocolo era un paso adelante y el responsable de Cierval, Rafael Ferrando, agregó que el acuerdo "sienta las bases para el tratamiento de los residuos de los sectores productivos, ya sean agropecuarios, industriales o de servicios".

"Tras la aprobación de los planes, y de manera inmediata, se constituirán los Consorcios y se pondrán en marcha los proyectos de gestión. Un proceso que se realizará, tal y como recoge el acuerdo, desde un continuo diálogo entre todos los firmantes", aseguró Blasco.

El acuerdo, en sintonía con la ley aprobada en el año 2000, fomenta la participación de los municipios -los plenos deberán avalar los proyectos de gestión de residuos, que podrán realizar los consorcios o bien adjudicarlos a empresas privadas- y establece compensaciones económicas, de infraestructuras o a través de un Fondo de Equidad Territorial, previsto por la Ley de Ordenación del Territorio (LOT), tanto para los municipios donde se ubique la planta como los colindantes que también pueden verse afectados.