¿Para qué sirven las Diputaciones?

Defender a estas alturas la pervivencia de las Diputaciones provinciales parece algo políticamente incorrecto, que concita tanto la oposición de la izquierda como de la derecha. Paradójicamente, nadie le pone el cascabel a ese gato: se ha habla de modificación de los Estatutos de autonomía, del Senado, de la ley de las grandes ciudades, de la nueva financiación municipal... pero nadie propone ni el cambio del mapa provincial de España dibujado por Javier de Burgos en 1833 ni el del papel institucional de las Diputaciones.

Donde la función de éstas resulta más cuestionable es en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las que se superponen geográficamente los ámbitos autonómico y provincial. Sin embargo, ha sido Cataluña la única comunidad en sugerir la desaparición de las provincias, dado el enraizamiento histórico en el Principado de otras divisiones administrativas, como las veguerías y las comarcas.

Lo que la mayor parte de la gente ignora es el importante papel jugado por la Diputación de Barcelona en la restauración de la Generalitat provisional de Cataluña. Al asumir Josep Tarradellas la presidencia de la institución, ésta no tenía un duro. Fue entonces cuando Juan Antonio Samaranch, dando muestras tanto de una gran generosidad personal como de visión política a largo plazo, renunció a la presidencia de la Diputación barcelonesa en favor de Tarradellas, a fin que éste pudiese disponer de los presupuestos de aquella entidad. Eso le permitió al viejo dirigente republicano acuñar la famosa frase: "Saco dinero de este bolsillo (la Diputación) para meterlo en este otro (la Generalitat)".

Ahora, las diputaciones han vuelto a cobrar protagonismo entre nosotros por los avatares a que están siendo sometidos sus titulares. La crisis de Terra Mítica ha hecho saltar como un resorte al presidente alicantino, José Joaquín Ripoll, y, siguiendo la estela, a su predecesor en el cargo, Julio de España. Se esté de acuerdo o no con sus argumentos y hasta con la oportunidad de manifestarlos, lo cierto es que ambos han salido como dos panteras en defensa de los intereses de su provincia, al considerarlos en peligro por la situación del parque temático de Benidorm.

Lo mismo puede decirse de la constante y templada actuación de Fernando Giner en Valencia, buscando un equilibrio no siempre reconocido entre los diferentes municipios. También, de la de alguien tan controvertido y discutible como Carlos Fabra. Hasta sus muchos enemigos, que los tiene, habrán de coincidir que gran parte de lo que ha llegado a ser hoy día la provincia se debe a la actividad tesorera del casi vitalicio presidente de su diputación, al margen de las cuestiones penales pendientes en los tribunales de justicia.

A pesar de lo controvertido de la gestión de las personas que las encarnan, no cabe pensar que hoy día existan otras instituciones que suplan la labor coordinadora, asesora, distributiva y planificadora de las diputaciones. A lo mejor eso no resulta del todo obvio en nuestra Comunidad, pero hay otras en que sin aquellas muchos municipios estarían condenados al ostracismo. Pensemos, por ejemplo, en Castilla y León, que no sólo es la región más extensa de Europa, sino probablemente la más contradictoria. En ella poco tienen que ver entre sí la geografía, la historia y hasta las necesidades de provincias como Burgos, Ávila o León. De no existir las diputaciones, gran parte de su territorio seguramente viviría preterido ante la omnímoda voracidad centralista de Valladolid.

Entre nosotros, digo, la cosa no resulta tan obvia. Dejo, con todo, a la imaginación de cada cual el pensar cómo estaríamos sin las diputaciones, Y no se arguya que su papel lo cumple la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, porque su cometido es muy otro.

El argumento de más peso contra la proliferación de instituciones públicas es el de la burocracia que generan. Ahí sí que está la madre del cordero y es lo que explica el generalizado desinterés político en ponerle el cascabel al gato, como decía en un principio. La proliferación de entes territoriales de índole municipal, comarcal, provincial, autonómico y todas las variantes intermedias justifica la existencia de presupuestos diferenciados y la posibilidad de utilizarlos con criterios propios de quienes los manejan.

En eso, vaya por dónde, habría que incluir también a la administración periférica del Estado. Porque, ya me dirán, con tantas y tantas competencias transferidas, cómo se comprende que existan tantos delegados, subdelegados y demás representantes de una administración central que presume de ser cada vez menos centralista.