Educación duplica las ayudas a la escuela concertada para acoger inmigrantes

La Generalitat pretende que los alumnos de procedencia inmigrante se distribuyan de forma más equitativa entre la red pública y la privada concertada. Marta Cid, la titular de Educación -antes Enseñanza-, anunció ayer que para el próximo curso se duplicarán las ayudas económicas (pasarán de 3.600 a 7.200 euros por aula) a los centros concertados que acojan a un número "significativo" de inmigrantes. Además, en septiembre se pondrán en marcha 560 aulas de acogida para estos alumnos en los centros públicos.

Cid avanzó ayer estas medidas durante su comparecencia en la comisión de cultura del Parlament. La consejera explicó que estas iniciativas forman parte de un nuevo plan interdepartamental de acogida a los estudiantes de procedencia extranjera que está ultimando el departamento. Estas y otras novedades, como la puesta en marcha de la Subdirección de Lengua y Cohesión Social y el Servicio de Interculturalidad, antes inexistentes, indican la voluntad del Gobierno tripartito de poner fin al pronunciado desequilibrio entre la red pública y la concertada en la escolarización de alumnos inmigrantes. Actualmente sólo el 30% de los hijos de las familias inmigrantes que llegan a Cataluña acuden a un centro privado concertado, por lo que el grueso de estos estudiantes está en los colegios públicos. Sindicatos y asociaciones de padres llevan años denunciando esta situación, que puede llevar a la formación de guetos educativos.

Acallar las críticas

El objetivo del sustancial aumento de ayudas a los centros concertados que acojan a "un número significativo" de alumnos inmigrantes es, por tanto, paliar este desajuste, además de acallar las voces críticas de este sector sobre la nueva política de enseñanza que lleva a cabo la Generalitat. En los últimos meses, las patronales de la concertada habían demandado más recursos económicos para hacer frente a estos cambios.

Otro de los nuevos recursos clave para mejorar la calidad de la inmersión educativa de los estudiantes de procedencia inmigrante será la creación de 560 aulas de acogida. Estos espacios, situados en los centros públicos, serán las áreas de primera atención al alumnado recién llegado y contarán con un tutor especializado y material didáctico adecuado.

El departamento apuesta, además, por dar un nuevo impulso a la consolidación del catalán como lengua de uso en los centros docentes por de todo el alumnado, "como lengua vehicular, elemento común de identidad y de cohesión, a la vez que para conseguir la integración escolar y social de todo el alumnado", explicó Cid. Esto implica, según la consejera, implantar una "educación intercultural para todos, entendida como una preparación para todo el alumnado, y convivir en una sociedad culturalmente más diversa y socialmente más igualitaria".Otro de los ejes básicos del equipo de Educación es afrontar de una vez por todas el preocupante fracaso escolar de los alumnos catalanes. Cid subrayó ayer que el 27% de los alumnos que acabaron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el curso 2001-2002 no obtuvieron el Graduado Escolar.

Este porcentaje, uno de los más altos de toda España, llevó a Cid al compromiso de aportar todos los instrumentos necesarios para que los profesores puedan hacer frente a este fracaso escolar y para que garanticen que "todos los alumnos asuman las competencias básicas de cada una de las etapas y ciclos escolares".

La comparecencia de la consejera Cid estuvo marcada por el cruce de declaraciones críticas con la diputada de CiU Irene Rigau y la ex consejera de Enseñanza y también diputadad Carme-Laura Gil. La polémica se centró en el baile de cifras de alumnos que estudian en barracones. Cid subrayó que en el próximo curso 17.028 estudiantes permanecerán escolarizados en ellos debido a que el plan de choque elaborado por el anterior Gobierno catalán no acabó con el tiempo previsto, mientras que ambas diputadas negaron este hecho.

El nuevo decreto de admisión de alumnos fue también criticado por Rigau, quien opina que su puesta en marcha ha significado que "muchas familias se hayan quedado sin la plaza escolar deseada", sobre todo en Girona y en las comarcas de Barcelona. La diputada nacionalista pidió a la consejera que "replantee" esta iniciativa porque de no hacerlo, aseguró, las familias llevarán el decreto a los tribunales.

Respecto a los futuros conciertos educativos con centros privados, Cid avanzó que se hará una revisión a "fondo de los criterios para conceder y ejecutar los conciertos educativos, pero también la revisión del importe actual de los módulos económicos de éstos, para determinar si este importe es o no suficiente para garantizar la gratuidad de las enseñanzas objeto de concierto". En cualquier caso, la consejera se mostró abierta al diálogo con los representantes de los centros concertados y avanzó que no descarta pedir al Gobierno central el presupuesto necesario para cubrir el déficit. Asimismo señaló que "la insuficiencia del módulo económico es la principal razón" que los centros concertados argumentan para no escolarizar al alumnado con necesidades específicas de escolarización.

Por otra parte, Cid volvió a explicar la voluntad del departamento de a decuar la plantilla al "número de alumnos escolarizados y sus necesidades". Para el próximo curso se prevé un incremento de 2.200 profesionales del ámbito educativo.