El Gobierno aprueba la ley de Fundaciones prometida por Chaves hace dos legislaturas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de Fundaciones de Andalucía, un texto normativo que se remitió al Parlamento a finales de la legislatura pasada sin tiempo para su aprobación por las elecciones autonómicas del 14 de marzo y que Manuel Chaves prometió en 1996. La norma pretende un "mayor control" en el régimen económico de estas entidades -hay más de 900-, que deberán inscribirse en un registro único que dependerá de la Consejería de Justicia y Administración Pública. Las fundaciones de las cajas de ahorro seguirán bajo la tutela de Economía.

El proyecto de ley de Fundaciones es una antigua promesa del presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien se comprometió a su aprobación hace dos legislaturas durante el debate de investidura celebrado en 1996. El Gobierno dio ayer luz verde al proyecto, que antes de remitirse al Parlamento deberá contar con el informe preceptivo del Consejo Consultivo. La titular de Justicia y Administración pública, María José López, no ha variado "ni una coma" de la norma redactada al final de la legislatura pasada y que entró en noviembre en la Cámara andaluza sin tiempo para su tramitación.

El nuevo texto legislativo acaba con la dispersión de estas entidades ya que todas las fundaciones -salvo las creadas por las cajas de ahorro- deberán acreditarse en un registro único que dependerá de Justicia y Administraciones Públicas. López afirmó que las fundaciones dispondrán de tres años para adoptarse a la nueva ley, entre cuyos objetivos se encuentra el de "aumentar la transparencia" y un "mayor control en el régimen económico" de estas entidades, sobre todo, en lo que afecta a la disposición y enajenación de bienes de su propiedad.

En este sentido, las fundaciones deberán contar con la autorización de la Junta para la venta de bienes cuyo valor supere el 20% de su activo. También se estipula la retirada de subvenciones a aquellas entidades que no presenten sus resultados económicos y reduce de 50 a 30 el número mínimo de trabajadores a partir del cual es obligatorio someterse a auditorías externas de sus cuentas anuales.

La ley contempla la creación del Consejo Andaluz de fundaciones, cuya regulación se hará mediante un reglamento posterior, explicó la consejera.

Por otro lado, López cifró en 13,8 millones de euros el déficit contraído por el Gobierno central por los "flecos" de los traspasos de justicia. A esta cifra hay que añadir otros conceptos, que no cuantificó, por la financiación para la puesta en marcha de reformas procesales como las leyes del Menor y de Enjuiciamiento Civil y los juicios rápidos, y el coste de los depósitos judiciales. La anterior consejera, Carmen Hermosín, evaluó todo este paquete el pasado 16 de enero en 60 millones.

El Consejo de Gobierno aprobó también la nueva estructura de la Consejería de la Presidencia, que asume las competencias de la desaparecida Consejería de Relaciones Institucionales. La principal novedad del organigrama es la creación de la secretaría general de Acción Exterior, con la que la Junta pretende "asentar a Andalucía como un centro de referencia en Europa y en el Mediterráneo", según afirmó el portavoz del Gobierno, Enrique Cervera.

- Nombramientos. Consejería de la Presidencia: secretario general de Acción Exterior, Pedro Moya; director general del Estudios Andaluces, José Manuel Cervera; director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, Joaquín Rivas. Consejería de Gobernación: directora general de Coordinación de Políticas Migratorias, Teresa Bravo. Consejería de Educación: director genera de Infraestructuras para la Educación, Fernando Contreras. Consejería de Medio Ambiente: directora genera de Participación e Información Ambiental, María Cecilia Gañán de Molina y directora general de Prevención y Calidad Ambiental, Esperanza Caro.

También fueron nombrados los delegados de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería (Francisco Javier de las Nieves), Cádiz (Angelina Ortiz), Granada (Alejandro Zubeldia) y Málaga (María Gámez); los de Obras Públicas y Transportes en Cádiz (Pablo Lorenzo) y Granada (Pedro Fernández Peñalver); y los de Turismo, Comercio y Deportes en Huelva (Rosario Ballester) y Granada (Sandra García Martín).