El 20% de las quejas que recibe el Síndic se vinculan al urbanismo

De las dos mil quejas que el Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, recibe cada año un 20% están relacionadas con una inadecuada aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). El consejero, Rafael Blasco, estudió estas demandas de los afectados que introducirá en las modificaciones de la nueva ley que "defenderá" los derechos de los propietarios, y que se tramitará en las Cortes en septiembre.

De las trece observaciones suscritas por el Síndic, todas ellas elevadas en función de las quejas que durante los últimos meses han presentado los particulares afectados, once han sido trasladadas a la futura Ley Urbanística Valenciana y sólo dos, las referidas a expropiaciones y cuotas municipales de urbanización, no han sido aceptadas. El motivo, según explicó el consejero de Territorio, Rafael Blasco, es que se referían a ámbitos normativos estatales y locales, respectivamente.

El consejero expresó su satisfacción por la labor y el talante de cooperación del Síndic, Bernardo del Rosal, ante el objetivo de mejorar los derechos de los ciudadanos y dar mejor respuesta a las nuevas demandas de la sociedad, como los derechos de los propietarios de suelo o el incremento de la transparencia informativa en esta materia. En este sentido, Del Rosal consideró que era "lógico" trasladar estas recomendaciones de mejorar la normativa en materia urbanística. La filosofía de la nueva legislación es plantear aumentar las garantías de los propietarios de suelo y corregir las desviaciones generadas por una mala e indebida aplicación de la LRAU. Blasco dijo que estos son los dos objetivos fundamentales de la reforma de esta norma que, entre otras mejoras, establece la obligación del urbanizador de notificar individualmente a cada uno de los afectados por la aprobación de un Plan Urbanístico Integral (PAI) toda la información que afecta a los terrenos.

Algunos de los cambios introducidos en el anteproyecto establecen que el plazo para que los propietarios puedan optar entre el pago en metálico o en terrenos y ejercitar sus derechos será de dos meses -actualmente es de 10 días-, y facilita a los propietarios de suelo convertirse en urbanizadores de sus propios terrenos.

Entre otras consideraciones recoge un nuevo procedimiento para la adjudicación de los PAI, que dotará de mayor transparencia y objetividad a la selección del urbanizador, lo que garantiza, según aseveró Blasco, que la urbanización se realice en las mejores condiciones técnicas y económicas, al estar valoradas objetivamente. El consejero de Territorio y Vivienda anunció que en el plazo de diez días, fecha del final de la exposición pública del anteproyecto, el texto será remitido a los Consejos Económico-Social y Jurídico Consultivo para posteriormente remitirlo a las Cortes a principio del mes de septiembre, para que los distintos grupos políticos planteen enmiendas.

Por otro lado, la Asociación Abusos Urbanísticos No recibirá hoy la visita de los europarlamentarios de Bruselas que durante los próximos días se interesarán por sus demandas.