Sellarès presenta su renuncia al 'conseller en cap' tras consultar a Carod
Miquel Sellarès dejó ayer de ser el secretario de Comunicación del Gobierno catalán y hoy mismo el Consell Executiu nombrará para el puesto a Enric Marín, profesor de la Universidad Autónoma (UAB). A las 14.00 horas de ayer, Sellarès presentó su renuncia al conseller en cap, el republicano Josep Bargalló, una decisión que antes consultó con Josep Lluís Carod, el secretario general de Esquerra Republicana (ERC) y su gran valedor. "Bargalló y yo tenemos el mismo proyecto y el mismo líder", subrayó ayer a este periódico dejando clara su fidelidad a Carod.La marcha de Sellarès del Gobierno de Pasqual Maragall estaba cantada desde que se difundió el polémico informe apócrifo sobre medios de comunicación, pero el político se mantuvo en su puesto por deseo expreso de Carod. Al final, el mismo Sellarès, que ya había pactado con Carod sumarse en breve a su equipo de campaña, precipitó su salida al alentar las críticas públicas contra Bargalló. Cuando el conseller en cap le dio un tirón de orejas y le invitó a dejar de expresar sus opiniones sobre comunicación, la web Tribuna Catalana contraatacó de inmediato asegurando que el "entorno" de Sellarès pedía la renuncia nada menos que del conseller en cap.
Ayer, Sellarès reiteró su fidelidad a Carod y apuntó uno de los aspectos que algunos sectores cercanos a ERC han convertido en el núcleo de su debate actual: que por muy conseller en cap que sea Bargalló, el líder de Esquerra y el principal referente político de este partido es Carod.
El hasta ahora secretario de Comunicación aseguró que ahora recupera "la libertad de acción" para opinar. Pese a que desempeñaba uno de los papeles clave del Ejecutivo, afirmó, a través de Tribuna Catalana, que su decisión obedece a su deseo de "volver a la política activa".
Enric Marín anunció ayer a Efe que se propone emprender una "reestructuración" del área de Comunicación con "la máxima profesionalidad y racionalidad". CiU consideró que la renuncia de Sellarés es la "demostración sangrante" de que tenía razón, y el PP pidió garantías de que el Gobierno no llevará a la práctica la política defendida en el informe apócrifo.
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