Los andaluces presentaron casi 5.000 quejas al Defensor
La justicia y la salud centran la mayoría de las 4.942 quejas dirigidas a la institución en 2003
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, reclamó ayer más ayudas públicas para facilitar la integración de las mujeres maltratadas durante la presentación del informe de la institución de 2003 a la presidenta del Parlamento autonómico, María del Mar Moreno. Chamizo aprobó los pasos normativos dados por la Junta de Andalucía, pero destacó que no bastan los cambios legales. "También es necesario actuar en materia de vivienda y trabajo", dijo. Los andaluces presentaron 4.942 quejas ante el Defensor, la mayoría relacionadas con la justicia, la salud y la vivienda.
José Chamizo señaló que la violencia hacia las mujeres constituye uno de los problemas "más fuertes con los que se enfrentan, no sólo los poderes públicos, sino toda la sociedad". Entre las quejas relacionadas con los malos tratos dirigidas a la oficina, el Defensor citó las deficiencias en la información facilitada a las víctimas. "Una cosa es la legislación y otra que la mujer que deja su domicilio pueda reconstruir su vida con una formación laboral, un puesto de trabajo y una vivienda", dijo.
En el informe presentado ayer a la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, destaca también el elevado número de quejas de reclusos, muchas de ellas relacionadas con el traslado de presos a prisiones de fuera de Andalucía. De los 12.217 internos en cárceles andaluzas, cerca de 2.000 son extranjeros. "Asistimos a una oleada de traslados de presos andaluces fuera de la comunidad porque ha habido una involución", dijo.
Chamizo reclamó la transferencia urgente a la Junta de Andalucía del personal docente de prisiones, además de pedir que mejore la asistencia médica a los internos. Durante 2003 fallecieron 11 personas en centros penitenciarios andaluces.
La inmigración también ocupa una parte importante de la labor de la institución. El Defensor recordó ayer que existe una contradicción con la existencia de inmigrantes indocumentados que trabajan en Andalucía, que cifró entre 50.000 y 70.000. Para ellos reclamó una regularización inmediata, además de solicitar una agilización y simplificación de los trámites de documentos para que los extranjeros regularicen su situación.
Las 4.942 quejas presentadas el año pasado se han centrado en el área de justicia, que representa el 20%, seguida de las relacionadas con la salud (774 quejas), la vivienda y obras públicas (718), la labor de ayuntamientos y diputaciones (592) y la educación (528). La mayoría de las reclamaciones relacionadas con la justicia están originadas en las demandas de reclusos.
De oficio
Del total de quejas presentadas, la oficina admitió a trámite el 58,6%. Un pequeño porcentaje, inferior al 4%, son quejas abiertas de oficio por la propia institución, en una línea que pretende reforzar en el futuro.
En cuanto a la procedencia de las reclamaciones, Sevilla vuelve a ser la provincia desde la que se tramitan más (29,18%), seguida de Cádiz (15,54%) y Málaga (13,5%). Una comparación de las distintas provincias permite observar que no existe una uniformidad en las causas de la protesta. Así, en Almería, las quejas motivadas por la atención sanitaria ocupan el primer lugar, seguidas de las protestas contra corporaciones locales.
En Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva es la justicia la que despierta más rechazo, mientras que en Málaga lo es el área de vivienda y obras públicas y en Sevilla, los temas relacionados con la educación. En Jaén también es el área de salud el que suscitó más reclamaciones durante 2003.
Chamizo también alertó sobre la proliferación de figuras del defensor ciudadano en los municipios si no van acompañadas de "las herramientas necesarias para defender y no estar como parte del paisaje".
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