El Gobierno debe cambiar decenas de leyes para subir el salario mínimo

El Gobierno debe modificar decenas de leyes y normas de rango inferior de ámbito nacional, una vez que ha decidido subir el salario mínimo interprofesional (SMI) y eliminarlo como referencia para otras rentas. El SMI se incrementará el próximo 1 de julio un 6,6%, y pasará de 460,5 euros mensuales a 490 euros, mientras que en años pasados no ha subido más que la inflación prevista por el efecto cascada que produce y su impacto inflacionario. Incluso con ese aumento, será el segundo más bajo de la Unión Europea (véase gráfico).

El Gobierno, que abordará el tema en una mesa de diálogo con los agentes sociales que abrirá de inmediato, quiere cambiar esa referencia por un Indicador de Rentas nuevo, que se actualizará en los Presupuestos Generales. Algunas de las normas en las que aparece citado el SMI son el Estatuto de los Trabajadores y las leyes de Seguridad Social, de Integración Social de los Minusválidos, Empresas de Trabajo Temporal, Cooperativas, Procedimiento Laboral, Régimen de Personal de Fuezas Armadas, Ayudas a los Afectados por el VIH, Arrendamientos Urbanos, Haciendas Locales, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos, Enjuiciamiento Civil, Asistencia Jurídica Gratuita y las referidas a tasas por derechos de examen y medidas de mejora de la protección familiar.

El SMI aparece en esas normas como el umbral de rentas exigido para conceder las ayudas que las diversas administraciones conceden para acceder a los distintos tipos de becas de enseñanza para estudio, comedor y material; a las viviendas de protección oficial; a los afectados por insolvencias empresariales y que perciben prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y en algunas comunidades autónomas para el Salario de Inserción Social, así como para los ingresos destinados a colectivos sociales con dificultades y numerosas políticas sociales autonómicas y locales.

En materia de salario directo, el SMI fija una garantía de ingresos para los trabajadores que se encuentran en situaciones económicas y sociales más difíciles. Es la renta de en torno a un millón de trabajadores y desempleados. Se trata de los asalariados no amparados por la negociación colectiva y aquellos con ingresos más bajos. Los datos de la Seguridad Social indican que hay 150.000 trabajadores cotizando por esos ingresos, existe otro grupo de entre 300.000 y 400.000 personas cuyo sueldo se basa en el SMI con algún plus y es la percepción de los titulares del subsidio de desempleo (en su caso el 75% de esa renta) que cobran ahora 380.000 personas.