La justicia española sólo ha encontrado indicios

La intervención judicial del Atlético; los lujosos viajes del vicepresidente de la federación, Juan Padrón, su esposa e hijas; la hipoteca de la vieja sede de la federación sin pedir permiso a la Administración y la venta por parte de la propia federación de ropa deportiva a un precio un 66% más caro que en las tiendas son los indicios más sonados de presunta corrupción en el fútbol español. Indicios, pues hasta ahora nadie ha sido castigado por la justicia. Otra cosa es la mala gestión económica, que ha llevado a los clubes a contraer una deuda de 288 millones de euros con Hacienda y otra de 50 millones con sus jugadores.

La irrupción de la Guardia Civil en el Calderón y la intervención judicial del Atlético de Madrid en la primavera de 2000 se considera el momento más representativo de que es posible que algo huela mal en Dinamarca. Pero al cabo de cuatro años las investigaciones no han dado resultados concluyentes. Pese a las averiguaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que se orientaban hacia un caso de apropiación indebida, la justicia no consiguió determinar si se produjo o no adquisición y gestión fraudulenta por parte del Atlético de Madrid. La sentencia de la Audiencia Nacional en febrero pasado devolvió el control de las acciones del club a la familia Gil.

Más pedestres parecen las presuntas irregularidades contables en la federación. El 13 de noviembre de 2003, un juez de instrucción de Madrid llamó a declarar a los dos vicepresidentes, Juan Padrón y Juan Espino, un directivo, Antonio Borrás, y el administrador general, José María Castellón. El juez respondía al escándalo destapado tras el Mundial de 2002 sobre el pago con dinero público de los viajes privados de los directivos, incluyendo algún safari y varios viajes de lujo, desde Japón a los fiordos noruegos, pasando por las cataratas de Iguazú.

Otro presunto caso se relaciona con la investigación iniciada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a raíz de la hipoteca de la vieja sede de la calle Alberto Bosch como garantía de devolución de un préstamo bancario de 18 millones de euros. Según la Ley del Deporte, la federación debía pedir permiso al CSD. Pero no lo hizo.