Los franceses pagarán un euro cada vez que vayan al médico para reducir el déficit

Acudir al médico, al practicante o a hacerse una radiografía costará un euro a cada residente en Francia, además de las cotizaciones que ya se pagan para sostener el Seguro de Enfermedad. Lo que se presenta como una medida simbólica reportará entre 650 y 1.000 millones de euros anuales, muy lejos de los 32.000 millones de deuda acumulada por esa rama de la Seguridad Social, una cifra que da sudores fríos a los responsables políticos. Este euro por acto médico es un modo de responsabilizar a los pacientes en el enderezamiento financiero del sistema.

El nuevo plan no cuestiona la libre elección de médico ni el consumo de medicinas y cuidados sanitarios a cargo de la Seguridad Social, pero se propone cercenarlo por la vía de la práctica. A partir de 2006 habrá un archivo informatizado donde serán incluidos los datos médicos de cada enfermo, con la finalidad de evitar actos presentados como "inútiles o redundantes". Y será necesario pagar más para consultar a especialistas cuando el paciente omita el filtro de un médico generalista, que habrá de asegurarse (y de ahí la creación del archivo en cuestión) de que el usuario no le está pidiendo el enésimo electrocardiograma o una reserva de medicinas de discutible necesidad.

La "quiebra" del sistema es tan grande que "no hay más que dos soluciones: o no paga nadie, y esto se ha acabado, o se hace pagar un poco a todo el mundo", puntualiza el ministro de Sanidad, Philippe Douste-Blazy. A su juicio, la alternativa indeseable llevaría a renunciar al sistema de una Seguridad Social para todos y permitir que su sitio sea ocupado por las compañías privadas de seguros.

El Ejecutivo renuncia a subir la cotización social de los trabajadores en activo y se propone incrementar la de los jubilados (salvo los de pensiones bajas) y la cotización empresarial.

Bajas laborales

Los trabajadores de los que se sospeche que abusan de permisos médicos para bajas laborales serán pasados por una comisión ad hoc capacitada para exigir el reembolso de las indemnizaciones indebidamente recibidas durante el tiempo de baja. El Estado se compromete a pagar a la Seguridad Social lo que ésta deja de percibir por las dispensas de cotizaciones fijadas en las leyes.

Pero el desafío más fuerte consiste en blandir la amenaza de una "limpia" de medicamentos cubiertos por la Seguridad Social, así como reducir a 10 años el plazo para que un medicamento pueda ser comercializado como un genérico, en vez de los 15 actuales: una amenaza para la industria farmacéutica, que explica algo sobre el tipo de armas exhibidas por el Gobierno francés para obtener la fusión de las compañías del sector Aventis y Sanofi-Synthlélabo.

Para evitar el desgaste político en la "limpieza" de la cartera de medicamentos cubierta por la Seguridad Social, el Ejecutivo se propone crear una comisión de 12 científicos, tres de ellos escogidos por el presidente de la República y el resto por los presidentes de las dos cámaras legislativas y del Consejo Económico y Social.

En un programa televisado, el ministro de Sanidad acumuló datos dramáticos para tratar de convencer a sus conciudadanos de que se puede y se deben ahorrar muchos gastos, porque el exceso de consumo de medicamentos ha provocado 128.000 jornadas de hospitalización y entre 9.000 y 10.000 muertos cada año.

En ese mismo espacio de televisión, el ministro debatió con la diputada socialista Sègolène Royal (figura ascendente dentro de la oposición), quien propuso la afectación íntegra a la Seguridad Social de las tasas estatales sobre el tabaco y el alcohol, cuyo producto representa unos 10.000 millones de euros anuales. Pero el responsable de Sanidad rechazó la idea, alegando que eso sólo serviría para tapar un agujero en la Seguridad Social, "creando otro en la caja del Estado".

La reforma de la financiación del Seguro de Enfermedad será aprobada por el Consejo de Ministros el 16 de junio, de acuerdo con el calendario anunciado, cuyos autores pretenden evitar un debate político agudo con la oposición antes de las elecciones europeas (convocadas para el 13 de ese mes) y una contestación social comparable a la que suscitó el recorte de las pensiones, efectuado el año pasado y saldado con tres meses de huelgas y manifestaciones en la primavera de 2003.