Crisis industrial, ¿hay salida?

Durante los últimos meses venimos asistiendo a una escalada de problemas relacionados con las empresas y sectores industriales tradicionales valencianos que, lejos de remitir, dan toda la sensación de ir a más.

No es ésta la primera vez que este tipo de problemas se presentan entre nosotros. Periódicamente hemos asistido a crisis coyunturales que han lanzado la voz de alarma acerca de la debilidad de nuestra estructura productiva y han planteado la necesidad de poner en marcha medidas para tratar de evitar, en lo posible, sus efectos. La todavía reciente crisis de primeros de los años 90 puso de relieve este tipo de problemas y significó una reestructuración cuyos resultados positivos han durado hasta hace poco.

¿Estamos frente a un problema parecido y, por lo tanto, cuando pasen los problemas coyunturales volveremos a una situación de normalización, o es una crisis diferente? ¿Se están tomando o se pueden tomar las medidas adecuadas para corregir esta situación?

Veámoslos por partes.

La crisis de primeros de los años 90 se dio en un contexto de un proceso de apertura de nuestra economía al resto de las economías de la Unión Europea, con un importante desarme arancelario, pero donde todavía existían elementos importantes de autonomía de las Políticas Económicas internas. Recordemos que en esos años, ante la pérdida de competitividad de nuestros productos, se llevaron a cabo varias devaluaciones de la peseta. A partir de esa fecha se tomaron decisiones importantes como el reforzamiento de la Organización Mundial del Comercio, con mayores exigencias en la liberalización del comercio internacional o la importante integración en la zona Euro y la pérdida de autonomía de nuestra Política Monetaria. Todos los estudios referentes a los efectos de estos cambios ponían de relieve la necesidad de incorporar estos datos a la situación interna ya que, ante las mayores tasas de inflación diferencial de nuestro país, las mismas se iban a trasladar a la pérdida de competitividad sin ninguna posibilidad autónoma de corregir sus efectos.

La situación, pues, ha cambiado. La corrección de los problemas macroeconómicos ya no pueden ampararse en las clásicas Políticas Monetarias y Fiscales (éstas además limitadas por la estricta ortodoxia de estabilidad presupuestaria implantada por el gobierno del Partido Popular) sino que hubiesen precisado de Políticas Estructurales que impulsaran una mayor liberalización de los sectores, para hacer frente a unas elevaciones de precios que han contribuido a hacer menos competitivos nuestros productos y servicios. La realidad es que estas Políticas han mantenido el poder de los grupos monopolísticos sin que las mejoras de costes (tipos de interés o productividad de los mismos), se haya trasladado a los costes de las otras empresas.

Por otro lado, a pesar de las caídas de las rentabilidades en las bolsas de los últimos años, las inversiones alternativas han puesto los ojos, no en una mayor inversión y modernización de la planta industrial, sino que, ante la disparatada subida de los precios del suelo y la vivienda, se han dirigido hacia el sector de la construcción, con el efecto que todos conocemos de un proceso acumulativo de nuevas subidas de precios en lo que se ha venido a llamar burbuja inmobiliaria.

Además, la competencia internacional se ha visto empeorada por el factor coyuntural de la elevación del tipo de cambio del Euro respecto al dólar. No es extraño que en este contexto, el atractivo de la inversión interna en la industria se haya visto también alterada. Encarecimientos del 20% de nuestros productos, que compiten vía precios, hacen difícil el mantenimiento de los mercados, no solamente en el exterior, sino también en el interior al ser más fácil el acceso de los productos asiáticos principalmente.

Los efectos de la ampliación de la Unión Europea al Este de Europa vienen a acentuar los problemas de la deslocalización que ya se estaba produciendo con anterioridad.

Y ante esta situación, ¿Cuál ha sido el papel de los Gobiernos Central y Autonómico? O nulo o negativo. La primera respuesta, por motivos políticos ha sido la de negar la mayor: No hay tal crisis industrial y, por lo tanto, no deben ponerse en marcha nuevas políticas. Por si esto fuera poco, los departamentos ministeriales se han enzarzado en un cambio de denominaciones (Ministerio de Ciencia y Tecnología, Consejería de Competitividad, etc...) y adscripciones de competencias que han perdido un tiempo precioso para poner al día a la Administración en los problemas de la economía productiva. La Política Tecnológica, por ejemplo ha ido dando tumbos sin que los efectos de la misma sobre la mejora de la industria sean perceptibles.

Los estudios públicos sobre la situación de los sectores industriales brillan por su ausencia y, cuando se hace este esfuerzo, como el Estudio de las Cámaras de Comercio Valencianas, el PP pone el grito en el cielo sobre lo alarmante de sus conclusiones.

Mucho tiene que cambiar esta situación para poder tener algunos efectos positivos. El cambio político del Gobierno Central bien podría impulsar este cambio, en primer lugar, asumiendo que hay un problema y estudiando las alternativas posibles y, en segundo lugar, impulsando políticas que hagan frente a sus causas.

No es fácil la salida, pero lo que no cabe duda es que, dejando las cosas como están, la tendencia hacia el futuro para nuestros sectores y el empleo en nuestras ciudades no es en absoluto halagüeña.

Martín Sevilla y Julián López. Universidad de Alicante.