Independencia y pluralidad

No le resto gravedad al todavía anónimo documento sobre el panorama de los medios de comunicación catalanes filtrado por CiU, sobre todo porque destila, de nuevo, sugerencias y orientaciones manipuladoras que conducen a intervenir en los medios privados y públicos, adulterando la libre concurrencia entre ellos y, por tanto, afectando a la libre información de los ciudadanos.

Pero tampoco hemos de rasgarnos las vestiduras por el hecho de que una lamentable torpeza haya puesto de relieve la realidad del sector de la comunicación en nuestro país, si además ello pude suponer abrir un debate crítico desde el ámbito del poder político y, por supuesto, desde el seno de las empresas periodísticas.

Todo tipo de subvención debe estar claramente ponderada y controlada parlamentariamente

El panorama que nos ha dejado el intervencionismo es preocupante

Desde el inicio de la democracia y con los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE y PP, en España las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación han venido marcadas por un acusado carácter intervencionista bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, que recoge el derecho a la libre información y expresión de los ciudadanos, y que confiere a los poderes públicos el papel de garantes de este inalienable derecho, pudiendo legislar en aras a garantizar la pluralidad informativa de forma indiscriminada, no como se ha venido haciendo hasta ahora.

Así, muchas de las competencias que el Gobierno de la nación tiene sobre el espacio radioeléctrico, televisivo y, en general, de las telecomunicaciones se han venido utilizando partidistamente para otorgar licencias y concesiones a grupos periodísticos afines a los idearios políticos de turno, y para castigar a los medios más críticos con la acción de Gobierno.

En los últimos 25 años, hemos visto el desmantelamiento de los "medios de comunicación social del Estado", proceso iniciado por la UCD y consumado por la subasta y reparto de éstos que realizó el PSOE, la concesión de las televisiones privadas que acabó con el monopolio informativo de TVE, pero no con el control gubernamental de ésta, la declaración por parte del PP de los derechos audiovisuales del fútbol como bien de "interés nacional" para dificultar la libre iniciativa de la plataforma televisiva considerada enemiga, y entre otras muchas actuaciones, la creación, alimentación y engorde antinatural de medios de comunicación escritos y audiovisuales amparados en la financiación de empresas públicas o semipúblicas, como Telefónica en su momento.

No ha importado en toda la etapa del Gobierno del PP utilizar el marco regulador del Ejecutivo para impedir o propiciar sus intereses informativos, ya sea utilizando el Código Penal o el decreto contra determinados empresarios de la comunicación y sus empresas periodísticas.

El control sobre los medios públicos ha sido asfixiante, pero no le ha ido a la zaga el intento de que los privados tuvieran el corsé necesario para, la mayoría de las veces, dificultar su expansión y crecimiento.

El modelo centralista de los medios públicos y "parapúblicos" se contagió inmediatamente a la mayoría de las comunidades autónomas, y más rápidamente en Cataluña, que fue pionera en desarrollar su radio y televisión autonómicas. Las siglas TVE, RNE, Efe, etcétera, han tenido homólogo desarrollo por el gobierno de CiU en los últimos 23 años en TV-3, Catalunya Radio, la Agencia Catalana de la Comunicación, entre otros, lamentablemente aparte de los éxitos de normalización lingüística y cultural catalana, reproduciendo los defectos de un modelo estatal ruinoso y difícilmente financiable.

Los proyectos "parapúblicos" catalanes como Mediapark, que pudieron ser una buena plataforma de lanzamiento para el sector audiovisual catalán, están ahora en barbecho, producto de la artificialidad del modelo y la intervención política que obligó a invertir bajo intereses políticos, sin importar la consolidación económica.

En fin, en tan sólo un leve y poco exhaustivo repaso por el sector de los medios de comunicación catalanes, donde junto a las subvenciones directas e indirectas a determinadas empresas periodísticas privadas, como las publicadas recientemente por este diario y otorgadas por el gobierno de CiU, de forma discriminatoria, debería hacernos reflexionar sobre la transparencia e independencia de los medios, pero también sobre cuál es el panorama que ofrece el sector frente a los ciudadanos lectores, oyentes y telespectadores.

En el primer caso, la verdadera transparencia e independencia parece que podría venir dada en este momento, no sólo porque los medios confiesen y reconozcan las "ayudas" recibidas del Gobierno, sino que deberían tener la valentía de renunciar públicamente a ellas.

En cualquier caso, todo tipo de subvención que se estime necesaria para los medios de comunicación debe estar claramente ponderada, controlada parlamentariamente y sujeta a una total transparencia tanto por la empresa periodística que la recibe como por el poder político que la otorga.

Estoy convencido de la independencia personal de la mayoría de los profesionales que trabajan en los medios de comunicación, tanto privados como públicos, pero hemos de admitir que la aparición del anónimo documento imputado a esferas próximas a la Secretaría General de la Comunicación de la Generalitat puede generar dudas entre los ciudadanos sobre la veracidad de la información que reciben.

Cada medio puede y debe confesar su tendencia política, su línea editorial, pero también debe probar que ésta no se puede comprar con subvenciones o con otorgamiento caprichoso y discriminado de emisoras de radio o frecuencias de televisión, por poner un ejemplo.

Si se abre un debate sobre la transparencia y la financiación de las empresas informativas -tenemos una buena ocasión en el diàleg del Fórum de Barcelona sobre periodismo y ética en el siglo XXI- con rigor y seriedad, los medios recuperarán el espacio de credibilidad necesario que requiere el ciudadano.

El panorama que nos ha dejado el intervencionismo, la política de subvención y la discriminación con los diferentes grupos periodísticos es preocupante. Se requiere con urgencia un marco regulador del sector audiovisual que contemple la situación de decenas de televisiones y radios locales alegales e ilegales.

Urge también la creación de un consejo de lo audiovisual independiente y desvinculado del poder político. Se precisa de inmediato la actuación sobre el modelo de televisión pública española y autonómica, que se base en el servicio público y no en la competencia desleal con las privadas a través de la doble financiación de la publicidad y la subvención pública.

Se requiere emplear las ayudas y subvenciones para potenciar el desarrollo de la tecnología digital a favor de las empresas periodísticas que quieran apostar e invertir en los medios del futuro.

Resumiendo, se necesita establecer por parte de la Administración pública y las empresas periodísticas un cauce de actuación que impida, como ha pasado en Cataluña y en la mayoría del Estado, que se desarrollen, por la puerta de atrás, alianzas alegales, aprovechando la provisionalidad y ausencia de reglas de juego.

Ha sido más productivo políticamente mantener vacíos legales en la ordenación del sector de la comunicación, porque ello ha permitido maniobrar sin "luz y taquígrafos".

La promesa de actuar en esta línea del presidente Rodríguez Zapatero parece abrir la esperanza en aras a reducir el intervencionismo en los medios y garantizar la pluralidad informativa. Cataluña debería abanderar este tipo de políticas preservando su autonomía y aportando al resto del Estado sus valores positivos como el Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC).

La oportunidad que el Gobierno tripartito tiene para romper con los moldes del pasado no puede ir al traste por el informe tendencioso que, seguro, no obedece a los planteamientos que ha hecho Pasqual Maragall en su doble compromiso de promover la pluralidad e independencia de los medios de comunicación de Cataluña, y el de modernizar este sector como dinamizador de una sociedad mejor informada y, por tanto, más libre.

José Sanclemente Sánchez es presidente de Comunymedia.