Estatuto

La visita a La Moncloa ha situado al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ante la perspectiva de una legislatura de importantes reformas. Aunque por momentos volvió a recurrir al victimismo por el descartado trasvase del Ebro, como un disco rayado que ya empieza a dar grima, se abrió finalmente al juego de la política entendida como algo más serio que la permanente campaña contra el adversario. Es cierto que pasó antes a hablar con el líder de su partido, Mariano Rajoy, para no dar ni la mínima imagen de heterodoxia y que devaluó con ello su talla institucional, pero no lo es menos que dejó abierta la posibilidad de una reforma del Estatuto de Autonomía de amplio recorrido. No fue casual que el presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, le citara el primero entre los presidentes autonómicos del PP, ni que Rajoy se apresurara a ofrecerse para negociar las reformas constitucionales que se proponen. Camps marca la línea divisoria entre las comunidades gobernadas por el PP y por el PSOE, pero también entre las históricas y las que no lo son, entre las nacionalidades y las regiones o, si se quiere, entre la vía autonómica del artículo 151 y la del 143. Se anunció en La Moncloa la disposición a reconocer explícitamente el carácter de "nacionalidad histórica" del País Valenciano, una comunidad siempre precariamente asimilada al grupo de mayor peso político que integran Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía. Pero queda implícito que la negociación valenciana esbozará los límites en los que esté dispuesta a moverse la derecha. Una lógica dual, fronteriza entre la aspiración interna a los máximos niveles competenciales e institucionales y la prevención propia de quien lidera el pelotón autonómico de los populares, marcará por tanto la posición de Camps. De ahí que el debate en las Cortes sobre la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano adquiera relevancia en toda España. Cuanto aquí se decida sobre financiación y hacienda, reconocimiento de derechos históricos, competencias de la policía autonómica u otras materias se ensanchará o recortará el alcance de un pacto político para reformar el Estado que busca conciliar la unidad y la diversidad.