25.000 andaluces dependen de Astilleros

La estabilidad económica de unos 25.000 andaluces depende de la evolución de la crisis de Astilleros. La actividad naval, inmersa en una perdida estructural de actividad desde finales de los años ochenta, aún da empleo directo en la comunidad a 3.225 personas. Son los operarios contratados por la empresa naval Izar en las plantas de Puerto Real, San Fernando, Sevilla y Cádiz. Además, su producción genera trabajo para una sólida empresa auxiliar, de la que dependen otros 3.700 trabajadores.

Los últimos estudios sociológicos con los que trabajan los sindicatos andaluces estiman que detrás de cada puesto de empleo hay otras tres personas que se benefician de manera inducida de la renta de ese trabajador. Así, ya sea por pertenecer a su unidad familiar o por mantener algún tipo de relación económica con él, cada sueldo de Astilleros cubre los gastos de otros tres andaluces, lo que sitúa el impacto de la crisis naval como una cuestión de primer orden que puede salpicar a unas 25.000 personas en las provincias de Cádiz y Sevilla. Y desde luego, tienen motivo para la preocupación.

La gran preocupación de los trabajadores es la "insuficiente" carga de trabajo

Tras cada puesto hay otras tres personas que se benefician de la renta de ese trabajador

Los temores se confirmaron el pasado miércoles. La Comisión Europea declaró "ilegales" las ayudas públicas que por valor de 500 millones de euros concedió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda, a los astilleros del grupo naval Izar entre 1999 y 2000 para garantizar su supervivencia. El auxilio de entonces ha colocado a la decena de factorías navales españolas ante el momento más delicado de su historia después de que el Ejecutivo europeo obligue a esta empresa a devolver 308,3 millones de euros, cuando Izar aún no ha alcanzado los números negros (ganancias) exigidos tras la fusión hace cuatro años de los astilleros civiles AESA y los militares de Bazán.

De esta tesitura no escapan los cuatros astilleros andaluces (Sevilla, Cádiz, San Fernando y Puerto Real), sobre los que pende la espada de Damocles del posible cierre, que afectaría a casi 3.000 trabajadores de plantilla y a igual número de empleados de la industria auxiliar, que vive su particular "reconversión permanente", según UGT y CC OO, desde hace dos años ante la escasa cartera de pedidos que tienen los diques.

Ante la amenaza del cerrojazo y la pérdida de empleo, Bruselas ha suavizado los términos de la sanción al permitir a Izar que el reembolso no sea inmediato. Asimismo, la Comisión Europea de la Competencia estudiará "medidas de acompañamiento" para proteger el empleo y autorizará algunas ayudas públicas que permitan la supervivencia del sector. Estas medidas es lo único que ha podido conseguir el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, antiguo comisario comunitario, después de que paralizase el pasado 14 de abril una operación por la que los antiguos gestores del PP en Izar, ya en funciones, pretendían vender los activos de las seis factorías de astilleros civiles -entre ellas, Sevilla, Puerto Real y Cádiz- para conseguir una inyección económica con la que poder hacer frente a una posible multa millonaria que ahora se confirma. UGT y CC OO, los comités de empresa de las plantas de Sevilla y Puerto Real y PSOE, IU y PA acusaron entonces al PP de tener preparada una "estrategia diseñada" para cerrar Izar si hubieran ganado las elecciones generales.

A la espera de que se concreten y cuantifiquen estas prebendas, los comités de empresa andaluces se echan las manos a la cabeza ante la sucesión interminable de obstáculos con la que se están topando para lograr la rentabilidad deseada. "Qué poco dura la alegría en la casa del pobre", se quejaba Francisco Caro, secretario del comité de Puerto Real, al confirmarse la multa un día después de que los sindicatos alcanzasen un acuerdo sobre el convenio colectivo con el nuevo Gobierno central, del PSOE, que pone fin a las protestas laborales, cortes del puente Carranza y enfrentamientos con la policía que se registraron a finales del año pasado y principio del presente en las cuatro factorías andaluzas.

Con todo, la preocupación mayor de los trabajadores sigue siendo la "insuficiente" carga de trabajo. Una situación que, según han denunciado sindicatos y el PSOE antes de las elecciones, tiene un único culpable: el anterior Ejecutivo del PP. A los populares les acusan de repartir de manera desigual los encargos de las grandes navieras europeas y americanas. Así las cosas, mientras las factorías del norte de España, especialmente Ferrol y Cartagena, atraviesan una situación boyante (con un 100% de ocupación), las andaluzas apenas alcanzan el 60% de actividad y sin pedidos a partir de 2005. "Se ha producido una discriminación laboral con las plantas andaluzas a las que, además, amenazan con expedientes de regulación de empleo", lamentó Francisco Fernández Lucas, presidente del comité de San Fernando, otrora una de las factorías de construcción naval militar más potentes de España. Ahora se dedica a construir yates.

En Cádiz, la principal demanda está en que lleguen las deseadas transformaciones. "Son las que dan valor añadido y trabajo cuantioso a la factoría", explica Jesús Gargallo, presidente del comité de Cádiz, donde aguantan cada mes con dos o tres reparaciones de apenas unos días de trabajo. En Puerto Real aguardan a que se confirme un nuevo gasero que dé estabilidad a la plantilla, y en Sevilla sobreviven a duras penas con dos barcos de carga y pasajeros para Argelia.