El Gobierno foral, tras Caja Navarra

El controvertido proceso de democratización de Caja Navarra está llegando a su fin. UPN ha impuesto un modelo de estatutos y reglamento al margen del debate parlamentario y contra el parecer de toda la oposición. El último veto del presidente Miguel Sanz dejará fuera de los órganos de poder de la entidad a los partidos y sindicatos nacionalistas.

En el Consejo General de Caja Navarra (CAN) no habrá ningún representante del nacionalismo vasco. Cuando se configure, ni uno sólo de sus treinta miembros habrá sido designado por Aralar, EA o PNV, que poseen ocho de los 50 escaños del Parlamento foral y recogen el voto de un 20% del electorado navarro. Tampoco los sindicatos ELA o LAB, que suman más del 30% de los delegados de empresa de la región, tendrán voz en la entidad.

UPN ha controlado férreamente la entidad con la mayoría en el consejo de administración

UPN diseñó cuidadosamente su composición y ha controlado la elección de sus primeros integrantes. Los políticos designarán ahora al 50% de los 30 vocales del consejo, si bien el presidente Sanz se ha garantizado controlar el nombramiento de al menos once vocales. Al Parlamento navarro le correspondía elegir a cinco y Sanz impuso una plancha con un candidato por partido para CDN, PSN-PSOE e IU y la marginación expresa de los aspirantes nacionalistas. Para compensar las críticas y dar pluralidad al órgano, Sanz introdujo en el Consejo a Sixto Jiménez, empresario y vicepresidente en Navarra de la Sociedad de Estudios Vascos. La izquierda transigió para poder al menos controlar desde dentro el poder que seguirá teniendo en la caja el Ejecutivo regionalista, que dará entrada en la cúspide de CAN a vocales nombrados por entidades como la patronal navarra, CCOO y UGT, Asociación de la Industria, Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles o el Tribunal Laboral, y ha reservado cinco puestos para los impositores y dos para los representantes de los empleados.

Agitada fusión

La nueva Caja Navarra, integrada en la Federación de Cajas Vasconavarras, es producto de una agitada fusión con la desaparecida Caja Pamplona, que controlaba el Ayuntamiento de la capital navarra. La integración de los equipos de ambas entidades provocó roces e incluso generó demandas judiciales multimillonarias a consecuencia de sonados despidos. Desarbolada la dirección procedente de Caja Pamplona, Sanz colocó en 2002 a un hombre de su máxima confianza, Enrique Goñi, para pilotar la nueva entidad. Sin apenas estridencias en los procesos de prejubilación laboral, CAN sobrevoló la zozobra de sus dos primeros años de andadura conjunta y remontó el vuelo con buenos resultados económicos.

No obstante, quedaba algo por hacer. CAN era la única caja de ahorros española cuyos órganos de poder no se habían democratizado. UPN ha controlado férreamente la entidad con la mayoría en el consejo de administración (13 de sus 20 miembros) y todos los consejeros del Gobierno foral lo son de CAN y perciben las dietas correspondientes a pesar de haberse subido el sueldo en 1.000 euros al mes desde el pasado enero para compensar su próxima salida de ese órgano.

La presencia de representantes de los impositores, trabajadores y entidades locales era apenas una ficción. El carácter aforado de la centenaria entidad, que nació de un pacto entre el Gobierno navarro y el Banco de España, no podía ocultar la conveniencia de reformar sus estatutos para adaptarlos a un mínimo democrático aceptable no sólo en España sino en la Unión Europea.

Surgió así la reforma estatutaria que UPN negoció al margen del Parlamento navarro con el Ministerio de Economía y se validó en el registro mercantil el pasado 11 de marzo, tres días antes de que el PP perdiera las elecciones. Las prisas de UPN y de sus socios del PP para blindar una reforma a medida surtieron efecto y el PSOE reconoce que no hay posibilidad de recurso judicial ni de modificar unos estatutos que la izquierda y los nacionalistas rechazan; al menos mientras una de las partes, en este caso el Gobierno navarro, se niegue a ello.

Para el PSN-PSOE, la reforma no es sino "un proceso de ocupación política" de los órganos rectores por parte del partido hegemónico, UPN. IU pide una ley foral de órganos rectores de cajas que UPN se niega a enviar al Parlamento.

CAN ganó en 2003 un total de 69,6 millones de euros de beneficio neto consolidado. Tiene 240 sucursales y 1.356 trabajadores.