El Supremo tiene pendiente del fallo la sentencia del 'caso Atlético'

La Sala Penal del Tribunal Supremo trabaja estos días en el recurso de casación interpuesto por Jesús Gil contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó en el caso Atlético a tres años y medio de prisión por delitos de apropiación indebida y estafa, y a restituir al club sus 236.056 acciones, así como a hacerse cargo de una deuda de 2.700 millones de pesetas (16,2 millones de euros). Según fuentes del alto tribunal, el Supremo no tiene previsto publicar la sentencia de forma inmediata y el fallo no se conocerá antes de un par de semanas, pero en cualquier caso el fallecimiento del ex presidente del Atlético no tendrá reflejo en el texto judicial.

Según esas fuentes, en el caso de que el Supremo confirme o aumente las penas a Gil, -como solicitó el fiscal en la vista del recurso- su fallecimiento tiene como consecuencia inmediata la extinción de su responsabilidad criminal, que será declarada en ejecución de sentencia por el tribunal que le condenó, en este caso la Audiencia Nacional. Sin embargo, la responsabilidad civil que se derive de una eventual sentencia condenatoria se traslada a los herederos que acepten la sucesión en su patrimonio. En el caso de que se estimase el recurso del abogado que le defendió ante el Supremo, Horacio Oliva, y se considerasen los delitos prescritos o inexistentes, el Supremo acordaría la absolución y en ese caso no se derivarían otras responsabilidades. Respecto al sentido del fallo, las fuentes del Supremo indicaron que en la sentencia "no incide para nada el tema del fallecimiento".

Inhabilitación

La sentencia pendiente en el Supremo es la segunda que espera Gil del alto tribunal, que en abril de 2002 ya confirmó la de la Audiencia de Málaga que le inhabilitó como alcalde durante 28 años pero le impuso una leve condena de seis meses de arresto sobre los 17 años de cárcel que reclamaba el fiscal Anticorrupción.

Los problemas judiciales de Gil comenzaron a multiplicarse a partir de su encarcelamiento por el juez Santiago Torres, en enero de 1999. Entonces permaneció 20 días en la prisión de Alhaurín de la Torre, de la que salió por una dolencia cardíaca. Tras una exhaustiva instrucción, Gil fue declarado responsable por la Audiencia de Málaga de haber comprometido fondos del Ayuntamiento de Marbella en la publicidad de camisetas de jugadores del Atlético, por unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros), lo que le costó la inhabilitación como alcalde.

En abril de 2002, el juez Juan del Olmo le encarceló durante una semana bajo la acusación de malversación de caudales y falsedad documental, por el presunto desvío de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de pesetas) de las arcas municipales de Marbella entre 1991 y 1995 a través de supuestas empresas sin actividad económica que emitían facturas falsas por supuestos servicios al Ayuntamiento de Marbella. Gil salió de Alcalá-Meco una semana después tras depositar una fianza de 700.00 euros.