Purga de cientos de islamistas en las filas del Ejército de Marruecos

Una esposa excesivamente tapada, ayunar algunos días cuando ha pasado el Ramadán o asistir a charlas religiosas en alguna casa particular son indicios que hacen sospechar de que un militar es islamista. Partiendo de estas premisas, el Ejército marroquí ha interrogado y expulsado de sus filas en el último año a varios cientos de soldados, 85 suboficiales y un puñado de oficiales de los que no se fiaba, según indican fuentes conocedoras de la investigación llevada a cabo en las Fuerzas Armadas.

El primer indicio grave de la infiltración islamista fue, en enero de 2003, el robo, en el cuartel de Guercif, en Taza, de siete fusiles de asalto Kaláshnikov, con su correspondiente munición, por el sargento Yusef Amani. Tenía la intención de entregarlos a la célula en Mequinez de Anatema y Hégira, un grupo enmarcado entre los salafistas combatientes.

Por aquellas fechas, el Estado Mayor de las Fuerzas Auxiliares, un cuerpo paramilitar, decidió poner coto a los símbolos islamistas en sus filas. Remitió una circular a los jefes de unidad en la que les ordenaba que prohibiesen a sus hombres llevar barba y a las empleadas civiles les vetaba el uso del pañuelo islámico (hiyab) que les cubría la cabeza. Desde entonces, en el resto de las Fuerzas Armadas se han dado instrucciones similares.

Tras el mayor atentado que padeció Marruecos, las explosiones terroristas que sacudieron Casablanca hace un año, la inteligencia militar, la Gendarmería Real y el servicio secreto civil llevaron a cabo una investigación conjunta que puso de manifiesto que el islamismo había hecho mella en el Ejército, que cuenta con unos 300.000 hombres, destinados en su mayoría en el Sáhara.

Tras establecer el diagnóstico, empezó lo que el semanario As Sahifa, el de mayor difusión en árabe, denomina "la limpieza religiosa". Para decidir la expulsión de un soldado bastaba, según esa publicación, con que "en él aparezcan signos de religiosidad". Con los suboficiales y, sobre todo, oficiales se hacían mayores comprobaciones.

"Entre los adeptos del salafismo en una u otra unidad no había relación alguna, por lo que no se puede hablar de una red coordinada" que hubiese gangrenado al Ejército, señala una fuente al corriente de la investigación. En Bengrir, la mayor base militar marroquí situada cerca de Marraquech, sí se descubrieron, a principios de año, vínculos entre uniformados islamistas y civiles que residían alrededor del acuartelamiento. Es ahí donde las sanciones fueron más severas.

Algunos buenos profesionales se libraron, no obstante, de la expulsión a cambio de aceptar modificar su estilo de vida. Sus mujeres dejaron de ponerse la indumentaria rigorista y sus hijos fueron retirados de colegios en los que se imparte un islam de inspiración saudí.

Para evitar que los islamistas se infiltren de nuevo en el Quinto Departamento, la inteligencia castrense, ha sido reforzado. Pasará a llamarse Dirección de la Seguridad Militar y dependerá directamente del Palacio Real -el rey Mohamed VI es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- y no del Estado Mayor. Paralelamente, una nueva hornada de guías religiosos islámicos, equivalentes a los capellanes castrenses, predicará en los cuarteles un islam alejado de todo radicalismo.

Si el integrismo ha penetrado la institución castrense es, probablemente, porque en sus filas reina el descontento por las malas condiciones de vida y la escasez de la soldada, que asciende, para el grueso de la tropa, a unos 150 euros mensuales. Algunas protestas han trascendido, como la que protagonizaron, a principios de 2003, dos suboficiales que retuvieron a su superior para intentar demostrar que era un corrupto.

Más grave aún, hace un año, 400 militares del cuartel de Missur, en el este del país, se amotinaron para pedir mejoras y denunciar las prácticas delictivas del coronel que mandaba la plaza. La mediación del general Bensliman, que dirige la Gendarmería, puso fin a la sedición.