La Generalitat ultima un plan para aplicar un recargo a la gasolina y financiar la sanidad

La delicada salud financiera de la sanidad catalana ha obligado a la Generalitat a plantearse medidas drásticas. La primera será la aplicación del recargo en el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos para financiar la sanidad. Según el plan que está ultimando la Generalitat, las gasolineras cobrarían a los usuarios un incremento de entre uno y dos céntimos de euro por litro de carburante, con lo que Sanidad recaudaría hasta final de año unos 80 millones de euros. Una cantidad modesta, dada la situación de la sanidad catalana, que arrastra un déficit de 3.000 millones de euros.

Cataluña se sumará de esta forma a las comunidades de Madrid y de Asturias, las dos únicas que se han acogido a la ley estatal de 2002 que permite a las autonomías cobrar un tramo autonómico adicional para financiar la sanidad o determinadas políticas de medio ambiente. El anterior Gobierno catalán, de CiU, ya se planteó la posibilidad de gravar los hidrocarburos para costear con ello la sanidad, pero no llegó a tomar la decisión.

El enorme déficit global que el nuevo Ejecutivo catalán ha constatado en la sanidad autonómica, cifrado en más de 3.000 millones de euros de deuda acumulada, más las inversiones no acometidas, ha movido a la consejera Marina Geli a estudiar varias medidas para empezar a sanear las cuentas. Fuentes del Departamento de Sanidad aseguraron ayer que una de las vías en las que "ya se está trabajando de forma seria" consiste en el recargo sobre las gasolinas. Un portavoz oficial del Departamento de Economía, por su parte, confirmó la existencia de este proyecto, pero evitó dar cifras sobre el plan.

Cubrir el déficit

El recargo es finalista; es decir, su importe sólo puede ser destinado a financiar la sanidad pública, por lo que los 80 millones previstos irían directamente a paliar la deuda sanitaria.

La Administración reconoce que, si llega a aplicarse el recargo, se conseguirá una cantidad modesta comparada con la enorme deuda que arrastra la sanidad catalana. Pero tanto Geli como el consejero de Economía, Antoni Castells, no descartan nuevos medios para obtener más ingresos con los que afrontar el desfase, ya que advierten de que el sistema no será sostenible si no se llega a cubrir su déficit.

Aunque el principal objetivo es negociar con la Administración central un nuevo modelo de financiación, Marina Geli ya anunció el pasado 29 de abril en Madrid que estaba estudiando la viabilidad de dedicar a la sanidad, además de los impuestos finalistas, la emisión de deuda pública. También insinuó la posibilidad de buscar la colaboración del capital privado, sin concretar mediante qué fórmulas.

La intención del Gobierno catalán de aumentar el impuesto de los carburantes ha levantado críticas en la Coordinadora de Organizaciones de Transportistas de Cataluña. Esta organización señaló ayer que la situación del sector es "precaria" y que no puede "permitir que se continúe agravando la carga fiscal que soporta".

Para los presupuestos de este año, casi acabados, la Generalitat ha incrementado en poco más de 1.000 millones de euros la partida destinada al Departamento de Sanidad, la cual asciende a 6.500 millones de euros. Esta cifra se distribuirá a partes casi iguales entre el Instituto Catalán de la Salud (ICS), del que dependen 8 grandes hospitales y casi 300 ambulatorios, los centros concertados y el gasto farmacéutico. "Será un presupuesto de continuidad y de supervivencia financiera del sistema", indicaron ayer fuentes de Sanidad.

Las mismas fuentes explicaron que uno de los capítulos que más subirán (alrededor del 9%) es el de personal, un incremento "obligado", ya que el anterior Gobierno pactó para este año mejoras salariales para los 35.000 trabajadores del ICS y los 20.000 de la red concertada de hospitales. El capítulo de inversiones crecerá el 15%, lo que permitirá empezar a afrontar "la descapitalización" que han sufrido durante años los hospitales ambulatorios públicos.

Una parte importante del déficit global calculado por la Generalitat corresponde a la deuda propiamente dicha, que consiste en las desviaciones presupuestarias o exceso de gasto sobre las previsiones acumulado en los últimos años. Sólo en 2003 este exceso de gasto fue de 541 millones de euros.

La descapitalización de los centros sanitarios -mediante inversiones necesarias que han dejado de realizarse en los últimos ocho años- asciende a 1.200 millones de euros, según el Gobierno catalán. A estas cifras hay que sumar la deuda que han acumulado los 56 centros concertados (600 millones de euros) a cuenta de gastos e inversiones que les exigía la Generalitat.