Reforma electoral

Bienvenida la iniciativa del nuevo Gobierno para reformar la Ley Electoral. Si el actual Gobierno pretende una verdadera regeneración de la democracia y de la estructura del Estado, y no una mera operación de maquillaje, éste es un buen punto por el que empezar.

En España, un partido que se presenta a elecciones a nivel regional (Convergència i Unió, por poner un ejemplo) tiene doble representación parlamentaria que uno que se presenta a escala estatal (digamos Izquierda Unida), pese a que por cada dos votantes del primero haya tres del segundo.

De forma similar, el voto de un ciudadano de una provincia poco poblada puede tener hasta cinco veces más peso que el de un ciudadano de Barcelona o Madrid.

La aplicación de la ley D'Hondt a escala provincial hace posible este disparate y es el resultado de una concepción institucionalista de la democracia según la cual el Parlamento no representa a los ciudadanos, sino a regiones y partidos formados por ciudadanos.La otra justifi-cación oficial de este déficit democrático ha sido tradicionalmente el favorecer la formación de mayorías estables, es decir, reconocer la incapacidad de nuestros políticos de llegar a acuerdos si su representatividad fuese proporcional a nuestros votos.

Ambas razones tuvieron su sentido en el contexto de la transición política española, pero no lo tienen en una democracia madura.