"Es un buen camino revisar el concepto de arraigo y vincularlo a la situación laboral"

Consuelo Rumí (Almería, 1957) es la persona elegida por José Luis Rodríguez Zapatero para cumplir su promesa de dar "una respuesta integral a los movimientos migratorios". Como secretaria de Estado de Inmigración y de Emigración, aglutina competencias hasta ahora repartidas entre la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración.

El que su departamento figure en el organigrama del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es un claro cambio de enfoque respecto a los últimos Gobiernos del Partido Popular, cuando la inmigración era dirigida desde el Ministerio del Interior.

"Espero que Marruecos materialice su voluntad de colaborar en el control de fronteras"

"Se realizarán traslados de inmigrantes de Canarias a otras comunidades"

"No soy partidaria de las regularizaciones extraordinarias porque no arreglan nada"

Pregunta. ¿Qué competencias retiene Interior?

Respuesta. Todas las que tienen que ver con el control y la seguridad. Interior debe autorizar la entrada de extranjeros en el país. Es una garantía de seguridad.

P. ¿Eso incluye las oficinas de extranjeros?

R. Aunque hasta ahora las oficinas de extranjeros estaban adscritas funcionalmente a este departamento, dependían de Administraciones Públicas. Muchas de sus deficiencias, como la demora en la resolución de los expedientes que les presentaban, son debidas a carencias de personal. Por eso serán transferidas a esta Secretaría de Estado, con una dotación de recursos importante.

P. La nueva Secretaría de Estado asume competencias que hasta ahora han tenido escaso desarrollo, como la integración de los inmigrantes.

R. Creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo en la necesidad de luchar contra la inmigración irregular. Sin un control de ella, no hay integración posible. Dicho esto, hay que facilitar a las personas que se incorporan a nuestra sociedad el conocimiento de nuestras normas, nuestras costumbres y nuestra cultura. Y a la inversa, puesto que la integración necesita del esfuerzo de las dos partes. Este Gobierno ha decidido apostar sin reservas por el desarrollo de políticas de integración. En ese sentido, es necesario señalar la inmediata puesta en marcha de un observatorio contra el racismo y la xenofobia y de un consejo para la promoción para la igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o étnico. También es preciso activar el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

P. ¿Con qué presupuesto cuenta?

R. Estamos vinculados a los presupuestos que hizo el Gobierno anterior, y por tanto la situación es de total precariedad. Mi compromiso es trabajar con unos presupuestos adecuados en 2005. Haremos un esfuerzo para dotar a las direcciones generales del dinero que necesitan.

P. Recibe usted en herencia un millón de extranjeros sin papeles. ¿Qué piensa hacer con ellos?

R. He encargado una estimación sobre el número de personas en situación irregular. Aún no tengo los resultados definitivos, pero puedo adelantar que la cifra no es tan alta como se ha venido comentando. En cualquier caso, es cierto que existe un número importante de personas sin papeles a las que hay que dar una respuesta. Esta situación es así porque el Gobierno anterior no realizó un control adecuado de las fronteras.

P. ¿Y qué propone usted para evitar la entrada irregular de extranjeros?

R. Pretendemos el tratamiento público y normalizado de la inmigración y una gestión eficaz. Porque si la gestión es eficaz, si las vías para llegar a nuestro país funcionan, con un contingente flexible y ágil, con un régimen general que dé respuesta a las necesidades, con un tratamiento adecuado a situaciones singulares, si los acuerdos con los terceros países funcionan y no se demoran las comisiones ni la selección de candidatos, si los empresarios y los sindicatos colaboran, el inmigrante verá que se puede venir legalmente a nuestro país. Y que la irregularidad sólo tiene como fin la explotación de las personas, la marginalidad y, al final, la repatriación.

P. Pero en España hay miles de personas con una orden de expulsión imposible de aplicar porque sus países no los reconocen como ciudadanos.

R. Es necesario reactivar los convenios de readmisión existentes, y tal vez negociar otros nuevos. La política de repatriación debe funcionar para hacer ver a los extranjeros que la entrada ilegal en España no les conduce a ninguna parte. Y debe funcionar especialmente con el Gobierno de Marruecos.

P. ¿Tiene esperanzas de que el Gobierno de Marruecos readmita a los subsaharianos que llegan a España desde sus costas?

R. No sólo tengo esperanzas. Durante la reciente visita del presidente del Gobierno a Marruecos pude constatar que el rey Mohamed VI ha expresado su voluntad política de colaborar en el control de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular. Yo espero que esa voluntad política se materialice.

P. ¿En qué plazo?

R. Inmediatamente.

P. ¿Continuarán los traslados de inmigrantes que España no puede expulsar desde Canarias a otras comunidades autónomas?

R. Vamos a impulsar una política de solidaridad con Canarias. Todo el mundo reconocerá que la insularidad es una característica que agrava la presión migratoria. Esa política de solidaridad implica que se realizarán traslados de inmigrantes a otras comunidades autónomas cuando sean necesarios. La diferencia con la etapa anterior es que se harán con transparencia y con el conocimiento y la colaboración de las comunidades receptoras.

P. Rodríguez Zapatero anunció en su día que cuando llegara a La Moncloa cambiaría la Ley de Extranjería y restituiría a los inmigrantes indocumentados los derechos de asociación, manifestación, sindicación y huelga. ¿Sigue en pie esa promesa?

R. Vincular la solución de todos los problemas al ámbito de las reformas legales es un error. Las continuas modificaciones de la Ley de Extranjería no han resuelto los problemas que plantea la inmigración. En cualquier caso, sí adelanto que a mediados de legislatura probablemente habrá que abordar una modificación de la Ley de Extranjería, porque es necesario adaptarla a una serie de directivas europeas. Al mismo tiempo, hay que trabajar en un objetivo del presidente del Gobierno, que es el pacto de Estado en materia de inmigración. Y habrá que trabajar en tres grandes ámbitos: fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales. Dentro de ese pacto estará el recurso que presentó el PSOE ante el Tribunal Constitucional sobre los derechos de los inmigrantes que menciona. En cualquier caso, estamos esperando la resolución del Constitucional. Yo creo que, con calma y sosiego, todo a su tiempo y todo en su momento.

P. Un asunto urgente que depende de su departamento es la redacción del reglamento que debe desarrollar la última reforma de la Ley de Extranjería.

R. Es nuestro objetivo prioritario. Mi pretensión es elaborar un texto consensuado con fuerzas políticas, comunidades, ayuntamientos, agentes sociales y organizaciones que dé respuestas flexibles a muchas situaciones que figuran en la ley. Ni en el texto anterior ni en el actual de la Ley de Extranjería se han desarrollado muchas de las potencialidades que algunas de las enmiendas introdujeron en el texto, como los visados de búsqueda de empleo para los ciudadanos de los países que ejercen mayor presión migratoria, como todo lo que significa la regulación del arraigo, de las condiciones humanitarias o de la colaboración con las fuerzas del orden. En el texto que estamos trabajando hay una aportación fundamental, que es el estudio realizado por el Consejo Económico y Social. Por primera vez, empresarios y sindicatos han realizado una serie de propuestas de común acuerdo. Cualquier situación administrativa que esté vinculada a la irregularidad y que al mismo tiempo tenga conexión fehaciente con el mercado laboral será recogida en el desarrollo reglamentario.

P. ¿Quiere eso decir que las personas en situación irregular que tengan un contrato de trabajo van a poder regularizar su situación?

R. Durante la elaboración de la última reforma de la Ley de Extranjería ya comentamos con el Gobierno del Partido Popular la necesidad de dar una respuesta vinculada al mundo laboral a situaciones específicas, singulares, de personas que están trabajando y no tienen papeles. Se trata de revisar el concepto de arraigo y de vincularlo a la situación laboral. Eso iría en beneficio del inmigrante, del empresario y de la sociedad. Está encima de la mesa y lo estamos estudiando. Creo que es un buen camino. Yo no contemplo regularizaciones extraordinarias, porque no arreglan nada. A la vista están los resultados de las que hizo el Gobierno anterior. La regularización extraordinaria debe ser el último recurso.

Tiene ante sí uno de los retos más difíciles de la nueva etapa de gobierno socialista. Casi un millón de inmigrantes viven en España sin permiso de residencia, según los datos cruzados del padrón municipal y del Instituto Nacional de Estadística. Consuelo Rumí descarta, de momento, una regularización extraordinaria.