Declarado nulo el despido de siete marroquíes en una hacienda sevillana

El Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla ha declarado nulo el despido de siete trabajadores marroquíes por parte de la empresa de la Hacienda Valdelaguas, de Castilblanco de los Arroyos. El fallo condena a la empresa a que los readmita, "así como a abonarles los salarios dejados desde la fecha del cese hasta la readmisión tenga lugar". También recoge la sentencia una indemnización de 3.000 euros a cada uno.

La resolución, que está a un paso de ser firme (la dueña de la empresa condenada ha recurrido), también retrata la vida de los inmigrantes que, según el acta que la Inspección de Trabajo remitió al juez, "vivían en condiciones realmente infrahumanas, hacinados en habitáculos que no contaban con las mínimas condiciones de higiene, seguridad y salubridad".

Seis meses después, y pese a tener la justicia de su lado, la situación que relataban ayer cinco de estos inmigrantes no es mucho mejor que la pasada en la hacienda: se han quedado sin trabajo, algunos viven en casas con amigos que los han acogido o están en la calle, el contrato de temporada que habían conseguido en su ciudad natal no les sirve de nada y desde el 15 de enero, fecha en la que terminaban su permiso de trabajo, se encuentran al filo de la legalidad.

Paradójicamente, ayer la misma finca que los echó, Hacienda Valdelagua, pedía 14 nuevos trabajadores marroquíes en la subdelegación del gobierno para terminar el trabajo que habían dejado a medias sus compañeros: construir muros de piedra para dividir el ganado. Los representantes de la empresa alegaban que no había mamposteros ni jardineros parados en Sevilla y pedían los permisos para traer un contingente desde Marruecos. "Nos hemos reunido esta mañana con representantes de la finca, de la Inspección de Trabajo y de la Subdelegación del Gobierno, aunque no hemos dado el visto bueno y pedimos a la empresa que garantice el mínimo a los trabajadores", contaba ayer Morgan G.Waruiru, representante de CC OO.

Cerca, tres de los inmigrantes pedían a su compañero que les tradujese. Uno de los tres, con un castellano vacilante, solicitaba que le devolviesen el pasaporte que le había quitado un guardián de la finca y que ahora estaba en manos de la policía. Los demás insistían en que querían volver a trabajar y que lo harían sin ningún problema en la misma finca agrícola si cobraran lo establecido y las horas extras. "Simplemente queremos trabajar sin perder nuestros derechos", afirmaba el portavoz del grupo, Said A.