Internet se cuela en las juntas de accionistas

Un pequeño accionista de Unión Fenosa votó en la última junta de accionistas de la empresa a través del correo electrónico. Fue el único. Las empresas españolas están teniendo problemas para adoptar esta recomendación de buen gobierno recogida en la Ley de Transparencia. Más que el coste, la principal razón para que esta posibilidad que es un hecho en EE UU no cuaje en España son las dificultades para garantizar la seguridad del sistema.

El primer problema para la generalización de este sistema es que exige grandes garantías para asegurar la identidad del votante

En la última asamblea general de la eléctrica, sólo una persona ejerció su derecho a través de la red. Otros lo intentaron con menos éxito

El voto en la junta general podrá "ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto". Lo dice la Ley de Transparencia de los Mercados, que entró en vigor el pasado mes de julio, pero está lejos de ser realidad para la gran mayoría de las empresas cotizadas de España.

No es el caso de Unión Fenosa, que celebró su junta general de accionistas el pasado 29 de abril en Madrid. Tras ensayar el año pasado la posibilidad de que sus accionistas votaran a distancia -la compañía tiene repartidas 300 millones de acciones-, la eléctrica ha convertido en realidad esta posibilidad en la asamblea de este año. Un único inversor, sin embargo, decidió ejercer su derecho de voto a través de Internet.

Hubo algunos más que intentaron esta vía pero sus votos fueron anulados por que no cumplían los requisitos establecidos en los estatutos de la compañía, reconoce el secretario del consejo de administración de la eléctrica, Ramón Novo. A Novo no le ha sorprendido el escaso éxito de Internet entre los accionistas. Y eso que para votar a través de este canal, la empresa sólo impone dos requisitos, recogidos en sus estatutos: que el inversor tenga una dirección de correo electrónico y cuente con firma electrónica -un certificado digital que acredita la identidad de quien opera a través de Internet-.

El procedimiento para votar en la junta de Unión Fenosa consiste en mandar un correo electrónico a la oficina de atención al accionista. En el texto, el interesado debe informar de sus datos básicos, especificar que quiere votar en la junta y en qué sentido y adjuntar el certificado digital que acredita su identidad. El envío debe llegar a su destino al menos 24 horas antes de que se celebre la asamblea para ser válido.

Para facilitar la tarea, Unión Fenosa creó un espacio específico en su página web donde los inversores podían entender el sistema y hacerse con un formulario para facilitar su decisión.

El ejemplo de Unión Fenosa es de los pocos que podrán verse en esta temporada de juntas, coinciden distintos expertos consultados. El coste de implantar un sistema de voto electrónico no explica esta escasez. Según el secretario del consejo de la eléctrica, éste no es significativo. "Es mucho más importante el esfuerzo de coordinación entre técnicos informáticos, los profesionales de la oficina de atención al accionista, tesorería, etcétera", asegura. Tampoco la técnica es mayor problema, coinciden distintos expertos consultados.

Firma electrónica

El mecanismo ya existe: es la firma electrónica que utilizó el accionista de Unión Fenosa, que fue regulada en España el año pasado. Este certificado permite a los usuarios de Internet demostrar que son quienes realmente dicen que son y puede obtenerse a través de la Fábrica de Moneda y Timbre y otros organismos proveedores.

El primer problema para la extensión de Internet en las juntas es que hacen falta grandes garantías que permitan asegurar que quien vota es el verdadero inversor. Algunas grandes empresas apuntan a esos problemas de seguridad para no haber instalado un sistema electrónico en sus juntas de este año y el propio Novo reconoce que "los técnicos decían que había muchas posibilidades de fraude, de que algún hacker [pirata informático] aprovechara la situación",

Hay otras dificultades. La firma electrónica "no está generalizada, más por un tema psicológico que por otra cosa", asegura Vicente Arias, del departamento de Nuevas Tecnologías de Albiñana & Suárez de Lezo.

Los abogados de este despacho especializado en derecho mercantil son aún más pesimistas: "El pequeño accionista no tiene ni la capacidad ni la voluntad de acudir a la junta". A pesar de ello, consideran que la posibilidad de que éstos puedan ejercitar su voto por medios electrónicos es "un avance".

La tecnología pues está lista, falta que cale en las empresas el deseo de utilizar Internet con el fin de facilitar la vida a sus accionistas y en éstos la idea de que deben ejercer "su derecho más sagrado", el de voto. Tal vez el ejemplo de Eurotunnel, aseguran los abogados consultados, donde la unión de muchos pequeños inversores permitió la destitución del consejo, sirva de acicate.

Como casi todas las novedades que en materia de buen gobierno ha introducido la Ley de Transparencia, la del voto electrónico sólo está viviendo un ensayo, ni siquiera general, en las juntas generales de este año. La prueba de su calado en España será en las de 2005.