Botín condiciona el pago del aval a que Pérez Escolar ponga una fianza

El presidente del Santander, Emilio Botín, ha pedido a la Audiencia Nacional que suspenda el plazo que le ha dado para abonar una fianza de 164,2 millones de euros, que venció ayer sin hacer este depósito, por el caso jubilaciones, hasta que el demandante Rafael Pérez Escolar presente un aval por 3,28 millones, que es el coste económico que el aval podría causarle al banquero.

Según un escrito presentado a la juez Teresa Palacios, Botín entiende que la fianza que le han impuesto le causaría un perjuicio económico que no se podría reparar aunque los tribunales le absolvieran porque el demandante, Pérez Escolar, tiene comprometido "su patrimonio a las responsabilidades civiles por las que fue condenado en el caso Banesto."

La defensa del banquero argumenta que un aval de 164,2 millones de euros tiene un coste financiero directo de 3,28 millones al año (un 4%), precisamente la cantidad que solicita que deposite Pérez Escolar y que serviría para compensar a Botín en caso de que resultara absuelto en el juicio.

Con este recurso, Botín responde a la orden de la juez de que presentara antes de ayer la fianza de 164,2 millones de euros, de forma solidaria junto al ex presidente del Santander José María Amusátegui y el ex consejero delegado Angel Corcóstegui, también acusados en la causa.

Fuentes de la Audiencia Nacional indicaron que, pese a estar vencido el plazo, el juzgado no ha iniciado todavía los trámites de embargo de bienes de los tres imputados. El lunes, el juzgado deberá decidir que acepta el escrito de Botín y paraliza la necesidad de depositar el aval o inicia el proceso de embargo.