España ya ha propuesto el reconocimiento europeo del catalán, euskera y gallego

El Gobierno español ha utilizado la primera oportunidad para presentar su propuesta de que las lenguas cooficiales tengan un reconocimiento específico en Europa. A través del embajador de la representación permanente ante la UE, Carlos Bastarreche, ha solicitado que la futura Constitución europea sea traducida oficialmente a esas lenguas y que los ciudadanos tengan el derecho a dirigirse a las instituciones comunes y a recibir la respuesta en esos idiomas.

La solicitud fue presentada por escrito en Dublín el pasado día 4, en la reunión que mantuvieron representantes de los Gobiernos de los Veinticinco para avanzar en las negociaciones sobre la Carta Magna.

El escrito consta de tres partes y su contenido es aplicable a todos los Estados de la Unión, no sólo a España. La primera parte afecta al artículo octavo de la primera parte del proyecto, relativo a la "ciudadanía de la Unión". Tras señalar que quien tenga la nacionalidad de un Estado de la UE posee también la ciudadanía de la Unión, ese artículo enumera los derechos de los ciudadanos europeos, entre los que figura el de dirigirse a las instituciones y organismos de la UE "en una de las lenguas de la Constitución", es decir, las oficiales de trabajo de la Unión, que ahora son 20: alemán, francés, inglés, italiano, español, polaco, holandés, griego, portugués, checo, húngaro, sueco, eslovaco, danés, finlandés, lituano, letón, esloveno, estonio y maltés. El Gobierno español propone que se añada un párrafo para permitir "el uso de cualquier otra lengua que los Estados miembros determinen entre aquellas que gocen de reconocimiento oficial en todo o parte de su territorio".

España también propone modificar el artículo décimo de la parte cuarta, para que la Constitución sea traducida a esas lenguas. Una copia certificada se depositaría en la Secretaría General del Consejo, "por lo que se considerarán esas traducciones como oficiales". Cada Estado tendrá que especificar cuáles son esas lenguas en un plazo de seis meses una vez firmada la Constitución. Por último, España propone que se incluya un protocolo por el que los países afectados se comprometen a sufragar los gastos de esas traducciones.

En cierto modo, el catalán, el gallego o el euskera se equipararán así en parte al gaélico. La gran diferencia consistirá en que esa lengua es oficial, por encima del inglés, en todo el territorio de Irlanda y, como tal, un idioma oficial de la UE, aunque no lengua de trabajo.

La propuesta española no fue debatida en la reunión de Dublín. Ahora es analizada por los Estados y por los servicios jurídicos del Consejo de la Unión. Técnica y legalmente, según fuentes oficiales consultadas en Bruselas, no hay problema. Puede haber dificultades por dos vías: el Gobierno irlandés, que hoy preside la UE, exigió a todos los países que no introdujeran temas nuevos al debatir el proyecto constitucional que ahora se pretende cerrar los próximos 17 y 18 de junio; algunos países, como Francia o Estonia, quizá se opongan porque no tienen reconocidos como cooficiales idiomas minoritarios en sus territorios.

En la misma reunión, el embajador Bastarreche presentó otra propuesta para que la Constitución incluya un anexo sobre la violencia contra las mujeres. Según esa declaración, todos los Gobiernos europeos se comprometerían a adoptar medidas legales para combatir con más eficacia esa lacra, que anualmente se cobra la vida de centenares de mujeres en la UE. Los países más afectados son, por este orden, Alemania, Reino Unido, Polonia, España e Italia.