Bargalló vincula la polémica sobre la prensa a la anulación de suscripciones

El conseller en cap del Gobierno catalán, el republicano Josep Bargalló, vinculó ayer la difusión del apócrifo informe sobre medios de comunicación que CiU atribuye al Ejecutivo con la reciente cancelación de las suscripciones en bloque decidida por el Ejecutivo de Pasqual Maragall. El Gobierno insistió en que el polémico informe, que analiza la orientación de los medios y reseña la situación financiera de algunas empresas, nada tiene que ver con el Ejecutivo. La polémica ha incrementado la desconfianza entre socialistas y republicanos.

"Cancelar los paquetes de suscripción a ciertos medios privados no es ajena a la filtración del documento por parte de un partido político", aseguró Bargalló durante una visita a Igualada (Barcelona). Y añadió que el objetivo es "intentar atacar el actual Gobierno cuando ha empezado a tomar decisiones de este tipo, que rompen con el trato no equitativo e injusto que tenía el Gobierno anterior con la prensa".

Las ayudas del Gobierno de CiU a determinados medios de comunicación era uno de los secretos mejor guardados del Ejecutivo convergente. El nuevo Gobierno tomó la decisión de anular las suscripciones en bloque y reorientar su relación con los medios de comunicación.

Según datos de Presidencia, la Generalitat, bajo el Gobierno de CiU, destinó en 2003 un total de 31 millones de euros en convenios, contratos, suscripciones y publicidad, de los que al menos 12 millones correspondieron a La Vanguardia. Este rotativo era el que contaba con más suscripciones de la Generalitat, según las mismas fuentes: totalizaba un mínimo de 16.000 suscripciones, cifra que contrasta con las 125 suscripciones de El Periódico de Catalunya, un periódico de tirada similar. EL PAÍS no tenía ninguna suscripción.

En 2003, el diario Avui recibió más de 6 millones de euros de la Generalitat a través de la fundación que lo controla, según las mismas fuentes. Ese periódico obtuvo también un crédito de 5 millones del Instituto Catalán de Finanzas -entidad de crédito público de la Generalitat-, la amortización del cual corre a cargo del Ejecutivo.

La difusión, el miércoles, de un informe apócrifo que CiU atribuye al Gobierno catalán ha desatado una tormenta política en Cataluña que ha dejado en una situación muy precaria al secretario de Comunicación del Ejecutivo, Miquel Sellarès, un hombre de la máxima confianza de Josep Lluís Carod Rovira. Sellarès restó ayer trascendencia al informe, atribuyó su redacción "a algún entorno del mundo independentista" sin conexión con el Gobierno y cerró, de momento, la puerta a dimitir: "Mis 100 kilos aguantan muchas hostias (sic) y aguantaré lo que sea", afirmó.

Todos los integrantes del tripartito subrayaron que el informe, sin firma ni membrete oficial, nada tiene que ver con el Gobierno y que, por tanto, no habrá por ahora ninguna dimisión. Pero el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, dejó claro que la autoría del informe se acabará conociendo-"por la cuenta que me trae", insistió- y que a partir de aquí se estudiarán las responsabilidades. "El señor Sellarès ha asumido la responsabilidad, pero una cosa es la autoría y otra la responsabilidad", afirmó Maragall tras un acto en la escuela de negocios IESE, en Barcelona.

La renuncia de Sellarès en el plazo de un mes es la opción más probable que barajan destacados miembros del Gobierno.

El episodio ha agrandado las heridas en el interior del tripartito: los socialistas deben capear una nueva crisis relacionada con áreas asumidas por ERC, mientras sectores de este partido ven detrás de la filtración la mano de los socialistas porque la secretaría de Comunicación, que quedó en manos de ERC, es una de las áreas más disputadas del Gabinete.