Madrid-Barça

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, intentó tranquilizar ayer a Maragall sobre el cuándo de la reforma de la financiación autonómica que reclama el Gobierno tripartito catalán: se puede empezar a discutir ya, y culminará "cuando tenga que culminar". Pero también dijo que será condición sine qua non alcanzar el consenso entre las comunidades autónomas, lo cual no será fácil.

Se comprende la prisa de Maragall. La continuidad del tripartito depende de que lo que en teoría une a los socios (PSC-ERC-ICV) permita desplegar políticas de izquierda que demuestren la superioridad de esa fórmula sobre la alternativa latente de Gobierno nacionalista (CiU-ERC). Pero pasan los meses y lo que trasciende de la actualidad catalana tiene menos que ver con políticas sociales que con reafirmaciones identitarias: selecciones deportivas propias, rechazo de la Feria de Abril barcelonesa por considerar que "no es cultura catalana" (Carod), prohibición de contratar bienes y servicios con empresas que no etiqueten en catalán.

Desde la Generalitat se argumenta que no se ha renunciado a las reformas sociales, pero faltan los recursos necesarios. A la espera de auditorías sobre el estado real de las cuentas heredadas de Pujol, se adelanta que tan solo la sanidad pública tuvo el pasado año un déficit de más de 500 millones de euros, y que se necesitarían unos 1.200 millones (200.000 millones de pesetas) para poner ese servicio a la altura de las necesidades. La sanidad es deficitaria en todas las comunidades, en parte por la forma como se hicieron los traspasos de la competencia, pero no hay evidencias de una financiación discriminatoria de la catalana. Según un estudio publicado en el nº 48 de la revista Análisis Local, Cataluña está por encima de la media en gasto sanitario público per cápita. Por delante sólo están Aragón, Asturias y Cantabria. También están por encima de la media Extremadura y Galicia, y por debajo, entre otras, Andalucía. Tampoco hay razones para pensar que la calidad del servicio sea inferior al de otras comunidades: según el Anuario social de España que publica La Caixa, y que mide indicadores de bienestar, los servicios sanitarios alcanzan en Cataluña una valoración de nueve puntos sobre 10, siendo 5 la media en el conjunto de España.

El endeudamiento acumulado en la gestión del Estado del bienestar en Cataluña es el principal argumento para reclamar un trato financiero diferenciado. El conseller en cap, Josep Bargalló, reclamó el jueves pasado, en Madrid, una "negociación bilateral", pidiendo al resto de las comunidades que entiendan que "las soluciones sean diferentes". La cuestión es si los hechos diferenciales que justifican la distinción entre nacionalidades y regiones implican el derecho a un Estado del bienestar más desarrollado. Maragall insistió ayer (en la cadena SER) en su fórmula de pagar por renta y recibir por población. Sin embargo, con el mismo planteamiento Rafael Simancas había reivindicado la víspera una reforma del sistema de financiación que permita a la Comunidad de Madrid recuperar los 360 millones de euros que, según sus cálculos, deja de percibir con el sistema actual.

Seguramente hay que reformar la financiación autonómica, especialmente para ajustar los ingresos a los costes reales de la sanidad. Pero es difícil que el modelo resultante sea muy diferente al vigente, a no ser que se quiera pasar a un sistema confederal ultraliberal, en el que las comunidades pobres dejen de percibir las compensaciones que permiten mantener la cohesión social. Los datos disponibles puede que sean incompletos, pero los que hay permiten descartar la existencia de una situación de "expolio fiscal" de Cataluña, como sostienen los teóricos del soberanismo. Cataluña contribuye más o menos en la medida que corresponde a su renta, y dispone de una financiación per cápita similar a las de las demás comunidades, excluyendo las forales. Extender a Cataluña el sistema de Concierto de País Vasco y Navarra (y no digamos generalizarlo a todas las comunidades) provocaría la quiebra fiscal del Estado.

Otra cosa es la subjetividad: según una encuesta del CIS, tres de cada cuatro españoles piensan que el Gobierno de España favorece a algunas comunidades frente a otras, y de entre ellos el 87% (y el 91% de los andaluces) consideran que la favorecida es Cataluña; con el añadido de que el 61% de los catalanes piensa que a quien favorece es a Andalucía.