El PSOE de Cádiz pide a Viera que cumpla e investigue el rescate de la patera de Rota

Mientras que el PSOE creará una comisión para determinar si hubo fallos en la prevención de los atentados del 11-M, en Andalucía, el partido socialista se muestra dividido ante una eventual investigación sobre el rescate fallido de una patera en Rota. Fue la mayor tragedia de la inmigración. Fallecieron 37 inmigrantes. Los servicios de salvamento tardaron 53 minutos en salir al rescate. Los socialistas gaditanos pidieron ayer al delegado del Gobierno, José Antonio Viera, que abra la investigación que el PSOE ha reclamado desde octubre y que éste negó el martes.

El secretario de organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, anunció ayer que la ejecutiva provincial socialista "trasladará" al nuevo subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, que se "haga eco" de las demandas de partidos políticos y ONG que han reclamado con insistencia en los últimos meses una investigación que esclarezca el fallido dispositivo de rescate de la patera de Rota, que naufragó el 25 de octubre de 2003. Fallecieron 37 inmigrantes ahogados a 200 metros de la costa. Los servicios de salvamento tardaron 53 minutos en salir al rescate.

La petición de los socialistas gaditanos se produce 24 horas después de que el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, José Antonio Viera, desautorizase a Saucedo y negara esta posibilidad. Su actitud contrasta con la política del Gobierno central, que ha auspiciado una investigación pública sobre los atentados del 11-M en el Congreso. Este diario intentó ayer, sin éxito, hablar con Viera para que motivase su negativa.

Fuentes del PSOE de Cádiz confirman que existe un "enorme malestar" en la dirección provincial socialista por la negativa de Viera a "reabrir administrativamente" este caso. Los socialistas gaditanos detallan que Viera "no puede reabrir nada porque no se ha investigado nada".

Asimismo, dirigentes del PSOE de Cádiz sostienen que el delegado del Gobierno ha dejado en "muy mal lugar" a aquellos dirigentes socialistas que, como el presidente de la Junta, Manuel Chaves; el ex consejero de Gobernación, Alfonso Perales, o el diputado Salvador de la Encina, solicitaron al anterior ejecutivo del PP explicaciones, investigaciones, responsabilidades e incluso las dimisiones de los ministros del Interior, Ángel Acebes, y de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y del entonces subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vílchez, todos del PP.

Contradicción manifiesta

Ante la contradicción manifiesta entre lo dicho por estos altos dirigentes del PSOE andaluz antes de las elecciones y lo manifestado por el delegado del Gobierno ahora, el PSOE de Cádiz remitió ayer un comunicado de prensa en el que pide la investigación que han solicitado también IU y PA; el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo; la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Unificada de la Guardia Civil. "El PSOE se une a estas demandas para que no quede la más mínima duda sobre las actuaciones llevadas a cabo aquel fatídico día", afirmó Juan Cornejo.

Al mismo tiempo, el PSOE de Cádiz justifica la actuación del subdelegado gaditano. "Estamos seguros que actuará de manera transparente dando respuesta a todos los ciudadanos de la provincia que están en su derecho de disponer de información detallada sobre el suceso", aseguró Cornejo.

La Junta de Andalucía optó ayer por inhibirse del tema por primera vez desde el naufragio. El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, optó por dejar en manos del Congreso de los Diputados la decisión sobre la necesidad de investigar los fallos en el servicio de rescate, informa Europa Press. Fuentes del Consejería de Gobernación mostraron más claramente el cambio de postura: "Optamos por mirar hacia el futuro y corregir la falta de medios de salvamento que hay en Cádiz".

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, emitió el martes una recomendación a los ministerios de Interior y Fomento en los que denunciaba que en el rescate hubo dilación y descoordinación entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y la Guardia Civil. Además, instaba a los ministerios a poner más medios.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer que no descartan crear una comisión de investigación cuando analicen el caso. Estas mismas fuentes pusieron especial énfasis en que "la posición e intención" del Gobierno es "cumplir todos sus compromisos". "Pero no podemos hacerlos todos en dos semanas y media de legislatura", apostillaron las mismas fuentes.

Al margen

Otros socialistas prefirieron quedarse al margen de la polémica. Es el caso del delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, José Antonio Gómez Periñán. Éste declinó pronunciarse. "No entro en ninguna decisión que se tome", dijo Gómez Periñán. Y aclaró que "lo único" que le "preocupa" es que se adopten las medidas "para evitar que esta tragedia, en la que han muerto muchas personas, no se repita".

El diputado del PP por Cádiz Aurelio Sánchez instó ayer al PSOE a "no perder tanto tiempo en decidir" si abren una investigación y puso en evidencia las contradicciones en el discurso socialista. "Ya no sabemos a quién creer, si al nuevo subdelegado, Sebastián Saucedo, que dijo que sí, a líder provincial socialista, Francisco González Cabaña, que dice que no, al delegado del Gobierno en Andalucía, José Antonio Viera, que dice también que no, o al PSOE provincial, que al verse al descubierto de nuevo dice que sí".

IU y Derechos Humanos lamentaron la negativa de Viera a investigar lo ocurrido y acusaron al PSOE de "incoherencia". "Vamos a pedir en la Diputación de Cádiz, en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados que se investigue la mayor tragedia humanitaria que fue producto de una clara negligencia. Lo reclamaremos hasta sacarle los colores al PSOE", explicó el coordinador de IU en Cádiz, Ignacio García.

El presidente de Derechos Humanos en Andalucía, Rafael Lara, criticó el "doble discurso" socialista e instó al Gobierno a "dar el paso definitivo" para aclarar lo que ocurrió aquella fatídica noche en la que sostiene que el Gobierno del PP tuvo una "triple responsabilidad política, civil y penal".