Panamá vota a la sombra del Canal

El socialdemócrata Martín Torrijos, de 41 años, hijo del caudillo Omar Torrijos (1929-1981), encabeza, con el 40% en la intención del voto, las encuestas previas a las generales de hoy en Panamá: un país castigado por las dos seculares lacras latinoamericanas, la corrupción y la pobreza, y cuyo principal patrimonio es el canal interoceánico construido por Estados Unidos en el año 1914. El vencedor deberá decidir sobre la complicada ampliación de la estratégica vía de agua, devuelta por Estados Unidos hace cuatro años. El ex presidente Guillermo Endara, de 67 años, que gobernó entre 1989 y 1994, figura en segundo lugar, con el 27%. Los cuatro candidatos en liza derrocharon demagogia y populismo para seducir a los 1,9 millones de electores. No hay segunda vuelta.

La historia de Panamá es casi la historia de la vía de agua de 80 kilómetros que une el Pacífico y el Atlántico, por la que transitan 14.000 buques anualmente, construida por Estados Unidos en el año 1914 y transferida el 31 de diciembre de 1999. El turismo reporta a las arcas públicas en torno a los 800 millones de dólares y el canal, más de 900 millones de dólares en peajes, pero los nuevos barcos de gran calado apenas pueden navegarlo. La ampliación costará más de 8.000 millones de dólares, según algunos estudios. Omar Torrijos y James Carter concluyeron en el año 1977 las negociaciones sobre la entrega del canal, y su hijo Martín quiso recibirlo en 2000, pero no pudo: fue derrotado, en las generales de 1999, por la actual presidenta, Mireya Moscoso.

Tercera consulta

La modernización del canal será el punto fundamental de la agenda del gobernante elegido en la tercera consulta desde la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989 para derrocar y capturar al dictador Manuel Antonio Noriega, encarcelado en EE UU por narcotráfico. Los panameños elegirán a 78 legisladores, 75 alcaldes, 619 delegados de distrito o concejales y 20 diputados del Parlamento Centroamericanos. Sus principales preocupaciones son éstas: la pobreza, enquistada en aproximadamente los hogares del 40% de los tres millones de nacionales, el paro abierto o sumergido, superior al 30%, y la impune corrupción pública y privada, entre ella el lavado de dinero en el sistema financiero. Termina la Administración de Moscoso, más inepta que eficaz y próspera, según la mayoría de los analistas, sobre sus cinco años de gestión.

El canal continúa siendo el pulmón de Panamá, como el petróleo lo es de Venezuela. Estados Unidos, que llegó a tener 52.000 militares en esta nación, devolvió 150.000 hectáreas de territorio entre los años 1979 y 1999 en cumplimiento de los Tratados del Canal. Casi dos tercios de esa tierra están destinados a la operación de la ruta acuática y a la preservación del ecosistema que garantiza el abastecimiento de agua para su operación. El resto, con más de 10.000 edificaciones, fueron colocados en el mercado inmobiliario. El valor de las áreas revertidas en el año 2002 alcanzó los 1.473 millones de dólares: el 9% del PIB panameño. El monto de las inversiones en el canal, concretamente un nuevo juego de esclusas, dependerá de la demanda.

Los océanos Pacífico y Atlántico están a diferente altura. Aprovechando el canal, las naves se ahorran hasta 7.000 kilómetros de circunnavegación. "No se hará una inversión que esté fuera de contexto", precisó Francisco Miguez, director del equipo del denominado Plan Maestro. La vía interoceánica, cruzada por 825.000 naves desde su apertura, trabaja a su máxima capacidad y la Administración quiere sacarle el máximo rendimiento económico posible. La decisión no es fácil porque tendrá un importante impacto ambiental y social.

Referéndum

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente estatal autónomo que lo gestiona, entregará en junio cerca de 150 estudios sobre previsión de obras. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y varios consorcios europeos figuran entre los eventuales contratistas. La Constitución establece que la ampliación debe aprobarse en referéndum, cuya convocatoria corresponde a la nueva Administración, que será investida el primero de septiembre de este año. Martín Torrijos sostiene que "se atenderán los posibles efectos que causara a los moradores de la cuenca hidrográfica, de manera que sus derechos sean respetados". "El canal", agregó "es el activo más importante de la república y su expansión y modernización será una de las decisiones más importantes que en este siglo tomaremos los panameños". Endara la aprobaría, "siempre que sea rentable, siempre que no quedemos hipotecados para siempre". Reacia, la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), que representa a unos 100.000 campesinos de la cuenca, se movilizó contra la necesaria inundación de sus tierras. Probablemente deberá ceder, porque el tráfico de navíos extranjeros es vital para la economía nacional, ya que representa el 12% del comercio marítimo de Estados Unidos y el 2,3% del transporte marítimo mundial. "Esto pone un poquito de estrés al equipo de operaciones", declaró. Saliendo al paso de algunos temores, el viceministro de Comercio, Rommel Adames, negociador de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, negó la progresiva privatización de la vía acuífera. "Abrir el canal sería algo así como decirle a Estados Unidos que abran el departamento de Defensa o el programa espacial a la privatización", dijo.

Los ecologistas de Greenpeace han pedido al Gobierno panameño que impida el paso de barcos con residuos nucleares como el Pacific Sandpiper, que recientemente cruzó el canal, sin incidentes, rumbo a Japón. Fue "un Chernóbil flotante" que pudo ser asaltado por grupos terroristas o causar una catástrofe en el caso de un accidente, según alertó la citada organización internacional.