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Reportaje:EL DIFÍCIL 'PUZZLE' DE EUROPA

El inglés y otras 19 lenguas más

En una reunión de trabajo, el negociador belga le deseó suerte al español en los nuevos cometidos que le esperaban y el intérprete se tomó la licencia de recurrir a la tauromaquia. "Valor, al toro y, ya sabe, unos buenos pases al natural", dijo el belga. El español, animado por tan simpáticas palabras, contestó entusiasmado: "No sólo tendré que dar pases al natural; también me hará falta alguna chicuelina cruzada". Su respuesta no produjo la lógica ovación, sino un desconcertante silencio. Los demás intérpretes no sabían cómo traducir palabras tan inextricables.

Esta pequeña anécdota ilustra los problemas que comporta la diversidad de lenguas europeas y hasta qué punto la Unión se paralizaría sin la pléyade de traductores e intérpretes que la asisten y que crecen en efectivos y complejidad gracias a la ampliación, que ha obligado a pasar de los 11 idiomas oficiales a 20. El polaco, el checo, el húngaro, el eslovaco, el lituano, el letonio, el esloveno, el estonio y el maltés son las nueve lenguas nuevas oficiales, ya que el Chipre que se adhiere utiliza el griego, que ya formaba parte del abanico oficial.

Sólo para las tres principales instituciones de la UE trabajan casi 4.000 personas adscritas a los servicios lingüísticos, a los que se sumarán 2.000 más

El alto conocimiento del inglés que tienen los ciudadanos de los países del Este que se han incorporado a la UE amenaza con dar la puntilla al francés

El papel de los traductores e intérpretes y su nueva dimensión es un mareante escaparate de cifras. Los expertos están a punto de culminar la traducción de las 70.000 páginas que engrosan el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) a los nuevos idiomas, una tarea que uno de los involucrados en ella comparan con escalar el Everest sin oxígeno. Con la UE de 25 países, los 1,5 millones de páginas que se traducen cada año se convierten en 2,4 millones. Sólo para las tres principales instituciones de la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo) trabajan casi 4.000 personas adscritas a los servicios lingüísticos, a los que se sumarán al final hasta 2.000 nuevos políglotas que dominan también el estonio, el polaco o el checo. Algunos funcionarios ya están dando clases de las nuevas lenguas para reciclarse.

La gran pesadilla es encontrar expertos en maltés. El principal escollo es que Malta apenas si llega al medio millón de habitantes, pero, además, no hay tantas personas preparadas dispuestas a abandonar la isla para establecerse en Bruselas o Luxemburgo. La consecuencia es que la UE ha sacado a concurso 135 plazas de traductores del maltés y sólo se han presentado 40 candidatos. Con el letón también hay problemas: 82 candidatos para los 135 puestos. Situaciones sorprendentes para una Europa con alto índice de paro en la que los puestos a cubrir suelen ser codiciados por una avalancha de aspirantes.

Sin duda el capítulo lingüístico va a complicarle la existencia a la Unión; especialmente a algunas de sus instituciones. Porque el Parlamento Europeo, que tendrá 732 eurodiputados en vez de los 626 actuales, defiende a capa y espada la diversidad lingüística y el derecho de todas sus señorías a expresarse, a escuchar y a acceder a los documentos en su propio idioma. De hecho, casi la tercera parte del presupuesto de la Eurocámara se destina y se seguirá destinando a los servicios de traducción e interpretación, ya que el sueldo base de los parlamentarios proviene de sus respectivos países.

Algo similar ocurre en el Consejo, la sede en la que se reúnen los ministros o los jefes de Estado o de Gobierno para tomar sus decisiones. Es en esta institución en la que en multitud de ocasiones asisten a las reuniones más intérpretes que políticos. Al consejo de agricultura del pasado 21 de abril en Luxemburgo, que tantos disgustos deparó a España por la reforma del algodón y el aceite, acudieron dos equipos de intérpretes de 33 personas cada uno (tres por cada una de las 11 cabinas) para 15 ministros. Con la nueva UE, cada equipo estará formado por 60 intérpretes, es decir, tres por cada una de las 20 cabinas de interpretación; un séquito itinerante que sólo es visible cuando se equivoca o recurre a la tauromaquia. Su ausencia, más que darles visibilidad, sería una tragedia.

El caso de la Comisión

En la Comisión Europea, la institución ejecutiva de la Unión, las cosas son muy distintas. Aquí las lenguas de trabajo son el inglés, el francés y, en mucha menor medida, el alemán. Sólo en contadas ocasiones se interpreta o se traduce a todos los idiomas.

El alto conocimiento del inglés que tienen los ciudadanos de los países del Este que se han incorporado a la UE amenaza con dar la puntilla al francés frente a la anglofilia asentada con la actual Comisión de Romano Prodi. El inglés puede convertirse en la única lengua vehicular de trabajo.

La UE está dispuesta a seguir invirtiendo en políglotas para defender la diversidad lingüística, y alega que el sistema, el más complejo del mundo, por encima del que utiliza la ONU, no sale tan caro: un par de euros al día por cada ciudadano. Pero lo cierto es que sólo en traducciones el presupuesto se va a disparar de los 550 millones a los más de 800 millones anuales, y que formar a un intérprete es más caro que formar a un médico.

"La solución", dice un directivo de los traductores en Bruselas, "es aprender el inglés mejor que los ingleses para poder negociar bien". El 75% de los ciudadanos europeos considera que es la lengua más práctica. Más de la mitad de los europeos la conocen.

La Constitución Europea, en catalán

EL CATALÁN es una lengua que conocen seis millones de personas; muchas más que las que usan el eslovaco, el danés, el finlandés, el lituano, el letonio, el esloveno, el estonio o, por supuesto, el maltés. El catalán, sin embargo, no es una lengua oficial de la Unión Europea.

El Patronato Catalán está preparando una propuesta para que el Gobierno español la lleve al seno de la Conferencia Intergubernamental de la cual debería nacer la Constitución Europea. La idea del Gobierno de Rodríguez Zapatero es la de que, al menos, esa Carta Magna sea traducida a los otros tres idiomas de España: el catalán, el euskera y el gallego, que ahora, comparados con las lenguas de otros países comunitarios, ya no pueden calificarse de minoritarios.

Que la UE reconozca una lengua depende de la defensa que de ella haga el Gobierno central de cada país, si bien su posición no convertirá a todas las lenguas habladas en su territorio en oficiales, salvo que los 25 países se pusieran de acuerdo y lo aceptaran por unanimidad. Después habría que negociar con cada institución europea el tratamiento que recibirían. No obstante, no parece estar en el ánimo de nadie poner al catalán o el euskera en pie de igualdad con el francés o el polaco. "Hay otras modalidades", dice la eurodiputada socialista, y presidenta del patronato, Anna Terrón i Cusí. "En la Eurocámara se puede utilizar la lengua pasiva, por ejemplo, para permitir que un diputado hable en catalán, aunque no haya traducción del resto de las lenguas al catalán". Otras posibilidades son limitar las traducciones a los textos más importantes, como los jurídicos y, por supuesto, la futura Constitución.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 2 de mayo de 2004

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