El Ayuntamiento de Bilbao niega que haya ilegalidades en las torres de Isozaki

El Ayuntamiento de Bilbao no ve motivos para detener las obras de las torres de Isozaki en Uribitarte y rechaza "ilegalidad alguna de la licencia". Asegura que la sentencia del Tribunal Superior, que ve vulneración del plan general al superarse en 2.900 metros el volumen de edificación permitido, tiene "una trascendencia nula". En cambio, la asociación de vecinos que presentó la demanda, considera que el fallo implica que "la licencia de obras es nula e ilegal" y ha presentado un escrito en el Consistorio en el que pide la "suspensión inmediata" de las obras, iniciadas hace año y medio.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aceptado una de las ocho cuestiones planteadas por los vecinos en su demanda. En concreto, que los 2.900 metros cuadrados de espacios públicos previstos en el proyecto -para equipamiento municipal y un aparcamiento destinado a los servicios de limpieza- debían computarse dentro de la edificación contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bilbao para esta zona. Con ellos, los casi 41.500 metros cuadrados edificables autorizados para el proyecto de Arata Isozaki se incrementan hasta los 44.000 metros.

La asociación de vecinos del Ensanche y Campo Volantín, creada hace cuatro años en contra del proyecto, calificó ayer de "hecho muy grave" la superación de la edificabilidad en el complejo promovido por la empresa Ibaibide. Recordó que, cuando se cambió el Plan General para que además de oficinas se pudieran construir viviendas en Uribitarte, "la única condición de los técnicos municipales es que la edificabilidad no se superase", aseguró el arquitecto de la asociación, Antonio Román.Éste subrayó que el PGOU se ha modificado "más de 200 veces" desde su aprobación en 1995, lo que evidencia una práctica municipal según la cual el Plan General "se adecúa a un proyecto y no éste al plan", lo que "va en detrimento de la seguridad jurídica y la calidad de vida".

La presidente de la asociación, María Ángeles Galíndez, criticó al ex concejal José María Gorordo, quien forzó la inclusión de más superficie de uso público en el proyecto. "Lo que se vendió como una cesión de superficie por la constructora no fue así, sino que esos metros se incrementaron sobre lo previsto", dijo.

Los vecinos esperan para el próximo año el fallo del Tribunal Supremo sobre otra demanda, la que consideraba ilegal la modificación del Plan General para permitir las viviendas en Uribitarte. La asociación recurrió al Supremo tras la sentencia adversa del Tribunal Superior del pasado año.

El Ayuntamiento de Bilbao replicó horas después a la asociación vecinal en un comunicado y afirmó que el fallo judicial "no afecta en absoluto a la viabilidad urbanística del proyecto". El consistorio mantiene, como informó este diario en su edición de ayer, que la mitad de los 2.900 metros cuadrados cuestionados se legalizaron con un cambio posterior en el PGOU. En cuanto al resto, correspondiente al aparcamiento, dice que "tampoco compromete" el proyecto, porque es una actuación accesoria que "puede resolverse en cualquier momento".

Por ello, opina que la trascendencia de la sentencia "resulta nula en el momento actual", "valida" casi todo el plan de las torres y "ampara por supuesto la licencia de obras". Argumenta que el cambio en el Plan General para incluir la mitad de los 2.900 metros cuadrados hace "desaparecer ese exceso de edificabilidad" y concluye que "no existe en consecuencia ilegalidad alguna de la licencia".