El gobierno de los valencianos

Si ustedes me preguntaran quién gobierna actualmente en la Comunidad Valenciana, me vería en un serio compromiso para responder. No ignoro que Francisco Camps es el jefe del Consell, pues su partido, el Partido Popular, ganó las últimas elecciones. Pero que Camps formara gobierno no quiere decir que haya comenzado a gobernar. Aunque parezca extraño, una cosa no conduce automáticamente a la otra. Por unas u otras razones, el presidente de la Comunidad Valenciana se ha limitado, por el momento, a amenazar a los socialistas a propósito del Plan Hidrológico Nacional. De ahí, no se ha movido. Y si es probable que esta conducta le reporte algún rédito electoral, no podríamos decir que constituya con propiedad un programa de gobierno.

Por la atención que les prestan los diarios y la manera en que se comportan, me inclino a pensar que son los empresarios quienes ejercen el verdadero gobierno de la Comunidad. La autoridad y la desenvoltura con la que estos señores se manifiestan en los asuntos públicos más dispares es innegable. No hay acto, consulta o negocio relacionado con los intereses de los valencianos en que no aparezcan ellos dando su opinión. Incluso, se permiten indicar el modo y los plazos en que deben resolverse los problemas para merecer su aprobación. Y regañan a quien consideran que no les hace suficiente caso. A tal punto ha llegado su influencia que el jefe de la oposición, el socialista Joan Ignasi Pla, no se ha visto libre de ella.

El origen de la anomalía -porque de una anomalía se trata, impropia, por cierto, de una sociedad democrática- hay que buscarlo en la anterior etapa del Consell. Durante su mandato, Eduardo Zaplana impuso una manera de gobernar que privilegió el papel de los empresarios hasta unos extremos difíciles de imaginar. A cambio, estos prestaron su apoyo incondicional a cualquier proyecto que ideara el presidente de la Generalidad, por disparatado y costoso que fuera para las arcas públicas.

Durante varios años, la simbiosis funcionó con tal perfección que obtuvo, incluso, el refrendo de las urnas. Eran los tiempos felices en que en la Comunidad Valenciana no se ponía el sol. Naturalmente, como los negocios no se hacen de balde, la operación -que tan ricos hizo a algunos- generó una factura considerable que ahora debemos abonar. Aunque me temo que la cuenta nos la van a presentar a los únicos que no participamos en la fiesta. Al menos, es lo que suele ser habitual. De entonces, les viene a los empresarios, en mi opinión, una conciencia algo exagerada de su papel en el gobierno de la sociedad.

A mí no me parece mal que estos señores expresen su parecer siempre que lo consideren conveniente. ¡Faltaría más! Ahora, que pretendan convencernos a los valencianos de que sus intereses son los de toda la sociedad, es harina de otro costal. Su papel como creadores de riqueza y puestos de trabajo es muy meritorio, pero nada más. También es muy meritorio el trabajo de los médicos y el de las fuerzas de seguridad, y no nos imaginamos al Colegio de Médicos o a la Guardia Civil decidiendo el trazado del tren de alta velocidad. Con unas personas que consideran a Luis Fernando Cartagena un prohombre de la sociedad, conviene andar precavidos.