El 'caso amianto', al fiscal general

El presidente de la Asociación de Enfermos por Amianto de Alicante, Francisco Martínez, reiteró ayer sus denuncias por las trabas, según él, del Gobierno para concederles la pensión. "Estamos peor que hace cuatro años. Antes se nos reconocía el derecho y, ahora, tenemos que ganarlo en los tribunales", dijo.

El portavoz del colectivo de operarios afectados por asbestosis -afección pulmonar por inhalación de polvo de amianto- anunció que trasladará el expediente al nuevo fiscal general del Estado para que investigue si el anterior Gobierno boicoteó sus demandas. "Tenemos indicios de que la Administración ha podido estar interesada en silenciar nuestra situación y negarnos las pensiones" subrayó.

Martínez, que junto con un grupo de ex trabajadores de la extinta fábrica Fibrocementos de Levante, radicada en Sant Vicent del Raspeig, abrió la vía penal contra los directivos de la firma, se congratuló de la continuidad del fiscal de delitos laborales, Miguel Gutiérrez, al frente del caso. También alertó del peligro por contaminación ambiental que supone la industria, inactiva desde hace un año, e instó a su demolición.

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