La Guardia Civil inmoviliza los productos fitosanitarios que vende la esposa de Fabra

La Guardia Civil ha requisado ya en Tarragona, Almería y Badajoz productos fitosanitarios distribuidos por la empresa Artemis, propiedad de Amparo Fernández, la esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de Montserrat Vives, ex esposa de Vicente Vilar, el empresario que denunció al dirigente del PP por un presunto tráfico de influencias. La juez de Nules que investiga el caso ha ordenado que se requisen dos fungicidas y dos herbicidas distribuidos por Artemis y que, según Vilar, proceden de un fabricante no autorizado.

La titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón), Fernanda Lorite, ha ordenado la inmovilización cautelar de cuatro productos fitosanitarios distribuidos por Artemis 2000, la empresa de Amparo Fernández, esposa del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ambos están siendo investigados por la posible comisión de un presunto delito contra la salud pública.

Artemis 2000 tiene también como socia a Monserrat Vives, la ex esposa del empresario Vicente Vilar, quien acusó a Fabra de cobrarle por realizar gestiones ante la administración con el fin de acelerar la concesión de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Por estas acusaciones, la misma juez decidió iniciar un procedimiento de oficio por presuntos delitos contra la administración, en el que están imputados tanto las socias de Artemis 2000 como Fabra y Vilar.

La juez remitió una orden a la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, que hizo de conducto con los equipos de delincuencia organizada y antidrogas de las comandancias del resto de España, para que procedieran a la inmovilización de los fungicidas Fosnar y Procit y los herbicidas Dilan y Zeus distribuidos por Artemis 2000 y fabricados por Promisol, una firma no autorizada por el Ministerio de Agricultura que concedió a Naranjax, la empresa de Vicente Vilar, la única autorización para la fabricación de esos productos.

La Guardia Civil ya ha precintado envases, en las mismas instalaciones en las que han sido detectados, en las provincias de Tarragona, Almería y Badajoz. Al menos en esta última, los agentes también inmovilizaron uno de los fungicidas fabricado por Naranjax, pese a que la orden de la juez se refería únicamente a los que aparecían etiquetados con la firma Promisol como fabricante y Artemis 2000 como distribuidor. Así, Vicente Vilar ya ha recurrido este precinto.

Antes de determinar la inmovilización de los productos, la juez requirió a la Guardia Civil para que investigara la comercialización de los mismos y verificara si, tal como figuraba en la primera denuncia interpuesta por Vilar, los envases de los fitosanitarios aparecían sobreetiquetados. El Equipo de Protección de la Naturaleza del instituto armado remitió varios informes a la titular del juzgado número 1 de Nules en los que hacía constar la existencia de dichos envases.

Solicitud en trámite

En los documentos, la Guardia Civil especifica que si bien, en un primer momento, el Ministerio de Agricultura determinó que Naranjax era el único fabricante autorizado, posteriormente, "la Jefa del Servicio de Autorización y Registro de Medios de Defensa Vegetal" del propio ministerio envió un fax en el que hacía constar que la empresa de la esposa de Carlos Fabra había solicitado autorización para distribuir los fitosanitarios elaborados por otro fabricante y que dicha solicitud estaba todavía en trámite.

Este fax se refiere a la tramitación del procedimiento abierto por la esposa de Fabra y la ex esposa de Vilar para tratar de legalizar, ante el Ministerio de Agricultura, los productos que distribuyen con un fabricante que, de momento, no está autorizado. Sin embargo, la solicitud cuenta ya, tal como también reflejan las diligencias practicadas por la Guardia Civil, con un informe jurídico, realizado por un abogado del Estado que desestima dicha propuesta.

Estos productos están inmersos en otro procedimiento administrativo ya que, tras la solicitud presentada por Artemis 2000, la empresa de Vilar, Naranjax, respondió reclamando no sólo la intransferible autorización de fabricación sino también la autorización como distribuidor de los mismos, que actualmente está en manos de la firma que su ex esposa comparte con la esposa de Carlos Fabra.

En el denominado caso Fabra, cuyo origen está en el supuesto tráfico de influencias ejercido por el político del PP para favorecer los productos fitosanitarios de Vilar, está personada como acusación popular la Unión de Consumidores de España.