Los hospitales concertados critican las demoras en los pagos de Sanidad
Las demoras del Departamento de Sanidad en el pago de los servicios que contrata a los 54 hospitales concertados de Cataluña, la mayoría de ellos comarcales, obliga a estos centros a pedir créditos bancarios por valor de 252 millones de euros. La patronal Unión Catalana de Hospitales ha denunciado los "graves problemas de tesorería" que sufren los centros hospitalarios concertados, a los que Sanidad contrató servicios sanitarios por valor de 2.158 millones de euros durante el ejercicio de 2003. Esta cantidad representa el 39% del presupuesto del Servicio Catalán de la Salud (SCS).
La Unión Catalana de Hospitales dio a conocer estas cifras en la asamblea que la patronal celebró la semana pasada y a la que asistió la consejera de Sanidad, Marina Geli. El Departamento de Sanidad negocia cada año con los hospitales concertados las tarifas de los servicios que contrata a estos centros. El volumen de la actividad concertada aumenta cada año, pero los centros pueden tardar hasta 15 meses en cobrar la totalidad de los servicios que prestan a cargo del Servicio Catalán de la Salud. Mientras el dinero de la sanidad pública no llega, los hospitales concertados han de pedir créditos a los bancos para pagar a sus proveedores y a sus empleados, lo que "genera unos intereses que podrían ser utilizados para mejorar los servicios sanitarios", lamentó ayer el director general de la Unión Catalana de Hospitales, Boi Ruiz.
La patronal considera que los problemas económicos de los hospitales sólo pueden resolverse con un nuevo modelo de financiación sanitaria de las comunidades autónomas, una decisión que corresponde al Gobierno central y que la Generalitat quiere plantear en esta lesgislatura. La patronal de hospitales también pide a la Generalitat que incremente la partida de los presupuestos del Gobierno catalán destinada al Departamento de Sanidad y que destine a la financiación sanitaria un porcentaje del recargo del impuesto autonómico sobre los carburantes que permite la ley pero que en Cataluña no se ha aplicado.
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