La disputa por la bandera del diálogo

La brisa del diálogo que alienta el nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha penetrado en todos los rincones políticos de Euskadi, poblando los nuevos discursos con términos como consenso, acercamiento y acuerdo. También el PP vasco siente la necesidad de adaptarse al clima reinante, mientras discute si el cambio de formas debe conllevar el relevo de quienes protagonizaron el anterior discurso.

La idea de situar a la cabeza del partido a personalidades como la comisaria europea de Transportes, Loyola de Palacio, o al ex secretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, llamadas a cubrir el hueco dejado por Jaime Mayor Oreja -tras su marcha para encabezar la candidatura del PP al Parlamento Europeo- tropieza con la resistencia de no pocos dirigentes vascos que reclaman autonomía política respecto a la dirección nacional del PP y apuestan, bien por la continuidad del actual presidente del partido, Carlos Iturgaiz, o por la promoción de una figura local, como la edil donostiarra María San Gil.

Mientras Zapatero abre un nuevo ciclo político, Ibarretxe se aferra a su plan soberanista

En un reflejo del aparente desbarajuste que la victoria socialista ha introducido en el alineamiento político, los nacionalistas vascos del PNV y EA han entreverado alianzas electorales para los comicios europeos del 13 de junio con partidos como el BNG y ERC que dieron su voto a la investidura de Zapatero.

Se diría que la envenenada vida política vasca ha empezado a oxigenarse con el desbloqueo de la tensión que el Gobierno central ha emprendido, ante la receptiva mirada del Ejecutivo autónomo. Ciertamente, la anunciada derogación de la reforma del Código Penal que establecía penas de cárcel para el lehendakari, en el supuesto de que convocara su referendo; la renuncia a descontar los 32 millones de euros en litigio del Cupo vasco; y la misma entrevista programada entre Zapatero e Ibarretxe contribuyen a difuminar la imagen de confrontación. El inevitable "choque de trenes", vaticinado por el lehendakari, parece alejarse del panorama por primera vez en los últimos años, ahora que el Tribunal Constitucional ha autorizado la tramitación del plan Ibarretxe en el Parlamento vasco, al rechazar el recurso de impugnación interpuesto por el Gobierno de Aznar.

Y, sin embargo, no parece que las expectativas de acuerdo abiertas durante las últimas semanas puedan materializarse en el horizonte próximo. Más bien da la impresión de que lo que se avecina en Euskadi es un tiempo políticamente muerto en el que, eso sí, será necesario guardar las formas, aplicarse con más tino y cuidado al enfrentamiento dialéctico para no perder la vitola de dialogante que tanto provecho le ha dado a Juan José Ibarretxe. El panorama se presenta más o menos baldío para la germinación de un acuerdo de fondo, porque no es previsible que el PNV vaya a reconsiderar su plan soberanista, no al menos hasta que pasen las elecciones autonómicas del próximo año.

Hay un desfase de legislaturas que dificulta enormemente el consenso, aun adjudicando a todas las partes el mismo grado de buena voluntad. Mientras el Gobierno de Zapatero inaugura un nuevo ciclo político en todos los órdenes y se afana por enterrar los aspectos más discutibles de la etapa de su antecesor, el Ejecutivo vasco y los partidos que lo conforman están inmersos en un plan soberanista cocinado por su cuenta y riesgo, al margen de los partidos que representan a la mitad de la población vasca. Frente al "folio en blanco" y el "contador a cero" que exhibe Zapatero, Ibarretxe aparece aferrado al plan rupturista que lleva su nombre, pilotando personalmente desde el Gobierno autonómico la huida hacia adelante del nacionalismo. Del mismo modo, el anuncio socialista de que se dotará de independencia profesional a los medios de comunicación públicos contrasta con el actual manejo partidista de los medios de comunicación públicos vascos.

No es previsible que el PNV "rectifique", tal y como Zapatero reclamó por tres veces al portavoz nacionalista en el Congreso durante el debate de su investidura, porque, ni quiere, ni seguramente le interesa hacerlo. "¡Cómo vamos a retirarlo ahora, con todos los esfuerzos que nos ha costado!", vinieron a decir algunos de sus dirigentes ante las primeras invitaciones a rectificar. Subjetivamente, el nacionalismo está ya en la clave soberanista y, aunque la credibilidad actual del Gobierno central y la matanza de Madrid le obliguen a realizar algunos gestos y movimientos, no parece dispuesto a descender voluntariamente de la alta cota de exigencias en que se ha situado. Así, paso a paso, peldaño a peldaño, combinando el victimismo y el oportunismo audaz, el nacionalismo vasco espera seguir labrando su camino.

A un año de las elecciones autonómicas, en las que las fuerzas del tripartito autonómico se proponen alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento de Vitoria para dotar al plan Ibarretxe de la legitimidad vasca y hacerlo irreversible, el PNV no tiene interés en desprenderse del banderín de enganche soberanista. Viaja escoltado por un Eusko Alkartasuna (EA) que actúa a menudo de comisario político, conjurando la posibilidad de un acercamiento al PSE-PSOE, y lleva en su seno al poderoso sector de Joseba Egibar y Xabier Arzalluz, partidarios del frente abertzale que libran hoy una nueva batalla interna en la renovación de las ejecutivas provinciales.

Es cierto, además, que desde la puesta en escena del plan Ibarretxe, hace tres años, el PNV no ha dejado de reforzarse electoralmente, a costa, sobre todo, del desmoronado mundo de Batasuna. Lanzado en esa estrategia, el primer partido vasco -obtuvo en marzo el mejor resultado en unas elecciones generales: 417.000 votos, el 33,7%- no tiene razones para dejar la bandera soberanista.

Una salida a la situación actual, puesto que permitiría integrar a los partidos no nacionalistas en la discusión de un proyecto común, sería que el plan Ibarretxe dejara de ser un proyecto de Gobierno para convertirse en una propuesta de partido, sujeta al contraste y la negociación con las de las fuerzas de la oposición. De esta manera, podría recrearse el procedimiento de consenso catalán, suscitar un ánimo de entendimiento colectivo, pero el PNV no quiere sacar su plan de la jaula de hierro institucional, entre otras razones porque teme que sus socios de Gobierno (EA e IU) marquen, en ese caso, un perfil propio con sus propias propuestas articuladas y hagan aflorar las discrepancias. Tampoco hay noticias de que Ibarretxe se plantee adelantar los comicios autonómicos al próximo otoño, por ejemplo, para que las dos legislaturas, la española y la vasca, puedan acompasarse a la búsqueda de un mayor entendimiento institucional.

Así las cosas, puede ocurrir que la vivificante brisa del diálogo pase por Euskadi sin llegar a regenerar la vida política vasca, sin construir un consenso básico. De hecho, ya se ha entablado la disputa por el título de dialogante que hasta ahora se había arrogado el nacionalismo institucional. La reforma estatutaria que propone el PSE-PSOE, en línea con el proyecto catalán y con el respaldo de las iniciativas conciliadoras del Gobierno de Zapatero, interpela directamente al soberanismo sobre la sinceridad de su búsqueda de consenso.

Son los socialistas vascos quienes le han tomado ahora la palabra al lehendakari, quienes reclaman la apertura de un diálogo incondicionado y no cosmético sin más límite que el respeto al ordenamiento jurídico estatutario y constitucional. De ahí que arrecien por parte soberanista los intentos de enfriar las expectativas generadas por el triunfo socialista, de descalificar al PSE-PSOE.

Puede decirse que Zapatero le ha arrebatado ya a Ibarretxe la bandera de diálogo y que si las reformas estatutarias de Cataluña y Andalucía transcurren por la senda del acuerdo con el Gobierno central, el lehendakari y su partido corren el riesgo de quedar identificados, por contraste, en el campo de la intransigencia en una Euskadi que está perdiendo el privilegiado protagonismo político que le ha acompañado ininterrumpidamente desde la llegada de la democracia. La decisión nacionalista de mantener su plan inmutable, a despecho de su imposible encaje constitucional, hará imposible el acuerdo con el Gobierno central por mucho que los dirigentes peneuvistas traten estos días de soltar lastre y hacer pie forzando paralelismos interesados con la reforma catalana.

El riesgo es quedar al margen de los acuerdos que van a tejerse en el Estado y que la ciudadanía vasca perciba intransigencia allí donde se proclamaba el diálogo, que el carrusel de victorias electorales del plan Ibarretxe termine conduciendo al fracaso.