IU pide al alcalde que sancione a las empresas de los parquímetros

Más de ocho días de huelga y, por tanto, de suspensión de servicio, son razón más que suficiente, en opinión de Izquierda Unida, para que el Ayuntamiento sancione a las empresas que tienen adjudicada la gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). La portavoz de IU, Inés Sabanés, presentará en el pleno una proposición con ese objetivo, así como que se garantice la seguridad de los 500 trabajadores de esas empresas. Previamente a esas manifestaciones, Sabanés y Julio Misiego, concejal de IU, mantuvieron ayer una reunión con una representación de los trabajadores, que les explicó en qué punto se encuentran las negociaciones con las empresas. El conflicto en el SER se remonta a mediados de febrero. La última oleada de huelga se desarrolló del 16 al 19 de abril.

Los empleados tienen convocada huelga de nuevo del 26 al 30 de abril; del 3 al 8 de mayo, e indefinida desde el 17 de mayo, si en la reunión celebrada ayer con las empresas no se llegaba a un principio de acuerdo. Sabanés lamentó que el gobierno municipal "no escatime recursos para las obras de la M-30 y para trasladarse al palacio de Cibeles, y sin embargo, mire para otro lado ante un conflicto que afecta directamente al trabajo de 500 personas y a un servicio esencial para la ciudad: el aparcamiento".

Los trabajadores reclaman un convenio colectivo específico para su actividad y un aumento de sueldo de los 600 euros mensuales de ahora a los 900 que cobran los empleados de este servicio en otras ciudades. Misiego defenderá en el pleno la proposición de IU para que el Gobierno municipal intervenga "de manera urgente atajando el conflicto y sancionar -como prevé el pliego de condiciones del contrato- por los días de huelga en que no se ha prestado servicio y rescindir el contrato si se mantiene la actual situación".

El concejal de Seguridad, Pedro Calvo Poch, del PP, ha anunciado que el gobierno municipal sancionaría a las empresas por no prestar el servicio que tiene contratado con el Ayuntamiento. Pero Misiego señala que no existe constancia de que el gobierno haya realmente tomado esa medida.

Lesiones

"Me extraña que no haya habido ya una intervención potente porque es un buen servicio. El Ayuntamiento debería haber dicho a las empresas, integradas dos de ellas en FCC y Ferrovial , que no tienen derecho a mantener un conflicto como éste cuando se llevan miles de millones en contrataciones municipales", enfatizó Misiego. Éste reclamó el establecimiento de un "protocolo de actuación a través de la Concejalía de Seguridad para evitar las lesiones a los vigilantes. Éstos ponen sanciones a los coches mal aparcados, pero están indefensos en los juicios por agresión de los conductores, ya que las empresas no facilitan a sus empleados asistencia letrada", concluyó el edil de IU.